Para contribuir al estudio de la iniciativa, la Comisión de Defensa recibió a la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic.
Continuar con el estudio del proyecto que modifica la ley orgánica constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, estableciendo incompatibilidades respecto de exoficiales de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad (boletín 10732), es el propósito que tiene por estos días la Comisión de Defensa.
La propuesta legal, que fue analizada anteriormente por la Comisión de Gobierno Interior, prohíbe a quienes se hayan desempeñado como oficiales en alguna rama de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública, desempeñar actividades administrativas y prestar servicios en entidades privadas que sean proveedoras de bienes y servicios de dichas ramas.
En ese contexto, el presidente de la Comisión, diputado Guillermo Teillier (PC), se refirió a la exposición realizada durante la sesión por la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic.
“Lo que conocimos ahora fue la forma en la que se licitan las compras, tanto para los materiales como para reparación. Es un proceso bien intrincado, que se ha ido perfeccionando, y que hace más difícil que alguna persona por sí misma sea responsable de la compra, sino que es todo un aparataje (…) Habiendo conocido esto vamos a seguir adelante viendo cómo procede el proyecto”, declaró.
En tanto, el diputado Jorge Ulloa (UDI), señaló que, si bien este es un proyecto con una buena intención, tiene dos defectos que lo hacen inviable.
“Primero impide que oficiales superiores puedan desempeñarse en cualquier proveedor, eso significa que todos los oficiales pasan a ser oficiales jefes, lo que no es lógico. Segundo, le ponen una restricción para trabajar en cualquier empresa de proveedores de ocho años, lo que es inédito”, argumentó.
Por otro lado, el parlamentario afirmó que la exposición de la Subsecretaría dejó en claro que desde que se genera el perfil de un proyecto de defensa, hasta que se convierte en realidad, son muchas las personas que pasan por la propuesta, por lo que no habría una sola persona encargada de resolver qué se compra y que no.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS