La instancia investigadora tuvo por cometido analizar los barrios que se encuentran o se han encontrado bajo algún tipo de intervención estatal, policial y/o social, que haya sido aplicada por considerarlos barrios críticos o vulnerables entre el 2001 y el 2015.
Con 58 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora de los actos del gobierno vinculados a intervenciones policiales y sociales en barrios críticos entre los años 2001 y 2015. Revise en este enlace el documento completo.
En un total de 22 sesiones, dos de ellas celebradas en La Legua de Emergencia (12 de diciembre de 2016) y en Bajos de Mena (16 de enero de 2017), la instancia se reunió con autoridades de gobierno, policiales, del Poder Judicial, comunales y representantes de la sociedad civil (juntas de vecinos, dirigentes sociales y escolares).
A la luz de los testimonios recibidos, la Comisión constató la gran estigmatización que sufren los vecinos que viven en barrios de alta complejidad, ya sea por la violencia del crimen organizado, por cómo se replica esta realidad en los medios de comunicación o por la respuesta estatal ante una población en crisis.
En ese sentido, manifiesta el informe que la definición y ejecución de una política pública para barrios de alta complejidad debe considerar seriamente disminuir el efecto de estigmatización que la violencia y la intervención producen en los barrios y sus habitantes.
Respecto a la intervención que se ha realizado en los barrios críticos, se menciona que esta ha consistido sólo en un conjunto de programas desvinculados entre sí y no en una política de Estado, lo que se manifiesta en la inexistencia de un concepto de barrios críticos o de criterios compartidos para reconocerlos; la concentración de las intervenciones en la región metropolitana; la falta de continuidad de las intervenciones; y en la debilidad de la coordinación institucional y en la inexistencia de la coordinación de la aplicación de los programas en los territorios.
En todo caso, la Comisión Investigadora destaca en sus conclusiones la experiencia del programa “Quiero Mi Barrio” y de los Planes Integrales para Barrios de Alta Complejidad, que significan un avance en participación e integralidad respectivamente.
Otro punto de las conclusiones señala que, a pesar que durante 15 años hubo diferentes intentos por incorporar a los habitantes de los barrios en el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los programas llevados a cabo en los barrios, los vecinos siguen sintiéndose objeto y no actores de las intervenciones. Tampoco se percibe la preocupación por reconocer y trabajar con las capacidades instaladas en los territorios y por promover el desarrollo de nuevas capacidades que
les otorguen mayor autonomía y hagan sustentables los programas.
Adicionalmente, se menciona que ha existido una concentración de la intervención estatal en la infraestructura, en el mejoramiento urbano y el control policial, con la consecuente debilidad de la intervención psicosocial (sicológica, educacional, laboral, económica, deportiva y cultural, entre otras); y una concentración de la intervención estatal en la infraestructura, en el mejoramiento urbano y el control policial con la consecuente debilidad de la intervención psicosocial (sicológica, educacional, laboral, económica, deportiva y cultural, entre otras).
Respecto a la acción policial, se señala que, a pesar de ella, ha persistido un alto nivel de violencia en los barrios de alta complejidad, desde el 2001 hasta el 2015. Además, la Comisión tuvo conocimiento que a través de la intervención policial y social de La Legua de Emergencia ocurrieron actuaciones policiales que excedieron las facultades que otorga la ley, afectando la vida y los derechos de los habitantes de esa población.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS