Los legisladores que integran la Comisión de Educación avanzaron en la votación de indicaciones presentadas por el Ejecutivo y parlamentarios al texto legal, que en sus objetivos contempla el reconocimiento de la especificidad de las universidades del Estado y el rol de este con sus casas de estudio.
Hasta el artículo sobre la contraloría universitaria llegó el debate de los parlamentarios en torno a las observaciones formuladas al proyecto sobre universidades del Estado (boletín 11329), cuyo objetivo general es establecer un marco jurídico que permita que las Universidades del Estado fortalezcan sus estándares de calidad académica y de gestión institucional, y que contribuyan de forma permanente en el desarrollo integral del país, de conformidad a la especificidad de la misión, de las funciones y de los principios que fundamentan y dirigen el quehacer de estas instituciones de educación superior.
En este contexto, el proyecto pretende abordar la naturaleza, la organización y el funcionamiento de las universidades del Estado desde una visión sistémica, estructurada y de largo plazo, con una orientación definida respecto de lo que el país demanda y necesita de sus Universidades y de lo que éstas, a su vez, requieren del Estado para llevar a cabo su misión y sus funciones, de acuerdo a criterios de excelencia.
En cuanto al avance de la tramitación, la diputada Camila Vallejo (PC), relató que hasta el momento “ya hemos votado todo lo que tiene que ver con la definición de las universidades estatales. Hemos logrado incorporar más que por definición son instituciones públicas y gratuitas. Hemos votado todo lo que tiene que ver con los principios que las rigen, la misión que tienen y las responsabilidades del Estado para con ellas”, acotó.
En materia de gobernanza, añadió que “hicimos algunas modificaciones, o sea, incorporamos los compromisos del Ejecutivo para la adecuada división de poderes en dos órganos que ambos son resolutivos, ambos son con participación triestamental y además logramos incorporar más miembros de la comunidad en lo que es el consejo superior, que es como el órgano directivo de la institución”.
Por último, agregó que “ahora estamos en la votación respecto a los organismos de control interno y externo, en este caso la contraloría universitaria”.
Por su parte, el diputado Jaime Bellolio (UDI), dijo que “hemos abordado varios artículos interesantes para ver cómo van a estar conformados los gobiernos corporativos de las universidades estatales. Yo lamento que haya sido un poco desordenada la votación. Mucho parlamentario poniendo indicación a la carrera o una vez que se rechaza una de ellos, volviendo a poner la misma con una coma más o una coma menos. Entonces, eso hace que sea difícil tener un trámite legislativo que sea el más adecuado o el que merecen las instituciones públicas”, lamentó.
Más allá de eso, destacó algunos aspectos relevantes, “como por ejemplo establecer causales de remoción de los rectores de acuerdo a parámetros objetivos y que sean las propias instituciones las que determinen cuán grave tienen que ser en esos factores. Por ejemplo, si una universidad estatal pierde su acreditación, a nuestro entender eso debe ser una causal de remoción del rector. Eso no estaba en el proyecto y ahora sí quedó incorporado. Lo mismo con respecto a los temas financieros de la institución o si es que el propio rector contraviene los principios que están puestos en esta ley con respecto a la autonomía u otros principios que dan origen a la universidad tal como es”.
El parlamentario añadió que “también hemos discutido la participación de los docentes en la elección del rector, las atribuciones del consejo superior y el consejo universitario. La verdad, es que hemos tocado quizás el corazón del proyecto, que ha sido un poco desordenado, pero creo que ha ido avanzando de buena manera”.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS