La iniciativa, remitida al Senado para segundo trámite, tiene como objetivo principal dotar de un estatuto a los asistentes de la educación que pasen a formar parte de los servicios locales de educación pública, como funcionarios públicos, permitiendo el adecuado funcionamiento de estos.
Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado, en segundo trámite, el proyecto de ley (boletín 11536) que establece un estatuto laboral que regulará a más de 86 mil asistentes de la educación pública.
La propuesta legal tiene como propósito dotar de un estatuto propio, estableciendo las normas laborales necesarias para que los asistentes de la educación se inserten en la nueva institucionalidad como funcionarios públicos.
A su vez, el proyecto busca generar condiciones conocidas por los trabajadores, con el fin de evitar arbitrariedades a la hora de elaborar los escenarios de desempeño de sus labores en el servicio.
En esa línea, el texto expresa que estarán comprendidos para la aplicación de este estatuto los asistentes de Ia educación que se desempeñen en los establecimientos educacionales dependientes de los servicios locales, incluidos el personal asistentes de la educación, que ejerce funciones en los internados adscritos a dichos establecimientos educacionales, y los del nivel parvulario financiado mediante transferencias de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Asimismo, describe que serán aplicables algunas secciones a los asistentes que se desempeñan en establecimientos regidos por el Decreto Ley Nº 3166, del año 1980, del Ministerio de Educación en la que corresponda, de acuerdo a lo que establece esta norma.
En ese sentido, el documento detalla que la relación laboral entre los servicios locales y los asistentes de la educación, de su dependencia, se regirá por las disposiciones de esta ley. Asimismo, determina que lo no regulado por este marco legal se aplicará supletoriamente el Código del Trabajo.
Por otro lado, la propuesta establece que los asistentes de la educación se clasificarán en las categorías profesional, técnica, administrativa o auxiliar, de acuerdo a las funciones que desempeñen y a las competencias requeridas para su ejercicio, estableciéndose el nivel educacional que en cada caso se requiere.
En ese contexto, se indica que el ingreso a la dotación pública de asistentes se realizará mediante mecanismos de reclutamiento y selección públicos, que deberá considerar criterios objetivos de ingreso de acuerdo a los perfiles de competencias laborales previamente definidos.
Remuneraciones y asignaciones
En materia de remuneración de los asistentes de la educación, el proyecto señala que esta se determinará conforme al Código del Trabajo. En ese plano, se considera una asignación de reconocimiento por desempeño en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios (60% o más), de cargo fiscal, que será aplicable a los asistentes que se desempeñan en establecimientos públicos regidos por el Decreto con Fuerza de Ley Nº2, del Ministerio de Educación, del año 1998, extendiendo su cobertura a las escuelas y liceos cárceles.
En establecimientos rurales con una concentración inferior a un 60% y mayor o igual a un 45%, los asistentes percibirán un 50% del valor de esta asignación.
Además, el texto contempla, entre otros, una bonificación de excelencia para los asistentes de la educación, así como también una bonificación especial para quienes laboren en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes, así como en las provincias de Palena, Chiloé e Isla de Pascua y en la comuna de Juan Fernández.
En lo que respecta a la asignación por zona, la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó que, si bien esta no está incluida en el proyecto, quedará pendiente para su incorporación.
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