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Comisión Investigadora de Financoop se apronta a despachar informe final

Publicado el 05 de marzo del 2018

La instancia, presidida por el diputado Jaime Bellolio, indagó en las acciones de la autoridad, tanto fiscalizadoras como sancionatorias contra Financoop, como con otras cooperativas.

Con la presencia de Arturo Castillo, representante de los afectados por Financoop, la Comisión investigadora de órganos públicos sobre el funcionamiento de cooperativas cerró su ciclo de audiencias e inició el debate en torno a las conclusiones y propuestas que integrarán el informe final.

En la oportunidad, Castillo argumentó que existe una gran responsabilidad del Estado que trasciende a las cooperativas. “No es que la legislación sea mala, sino que esta no se cumple y las personas que están llamadas a cumplirla, al parecer, la desconocen, ese es el problema de fondo”, declaró.

Asimismo, aseguró que el Estado ha desviado los fondos que eran para fiscalización sin que nadie sepa a donde fueron a parar. “Esos no eran impuestos, sino que cobros de servicios, el cobro de la fiscalización que las cooperativas pagan para ser supervisadas y fiscalizadas, no para otra cosa”, indicó.

Por su parte, el presidente de la instancia, diputado Jaime Bellolio (UDI), adelantó que las conclusiones van en la línea de establecer los problemas institucionales que han existido a la hora de fiscalizar.

“Claramente, a través de las declaraciones de la Subsecretaría de Economía uno puede dilucidar que no tenían el personal necesario para poder fiscalizar a la cantidad de cooperativas que estaban como Financoop. En segundo lugar, cuando se toma la decisión de cerrar la cooperativa, parece también ser una decisión apresurada (…) y lo que hemos visto acá es que los propios administradores de la cooperativa tienen parte de la culpa y entregaron balances que no acreditaban el real estado de situación”, recalcó.

El parlamentario agregó que una de las propuestas que se plantean es la dotar de toda la fuerza que necesite el Estado para poder fiscalizar y sancionar a las cooperativas cuando estas no representen la fe pública necesaria.

Cabe destacar que la principal preocupación de la instancia fue la retención de los recursos de casi 50 mil personas, con más de 40 mil millones de pesos en depósitos, sin que se tenga claridad de qué pasará con la entidad, ni con los dineros de los ahorrantes.

La Comisión votará este martes 6 de marzo las conclusiones y propuestas del informe que será, finalmente, despachado a la Sala.