CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La controversia de competencia entre Codelco y la Contraloría, acaecida el año pasado, motivó la creación de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el 13 de junio, cuyo informe final fue aprobado por la Sala el pasado martes 6 de marzo, por 87 votos a favor y tres abstenciones.

La instancia se fijó como meta esclarecer tres puntos:
1. Cómo Codelco ha efectuado las adquisiciones de bienes y servicios a privados durante los últimos 17 años.
2) Cuál ha sido su política de indemnizaciones por término de la relación laboral, respecto de sus ejecutivos y trabajadores.
3) Si la cuprífera estatal ha tomado los resguardos mínimos del patrimonio que le corresponde gestionar en cuanto administrador de bienes ajenos y, particularmente, de recursos públicos.

El informe remarca, en primer lugar, que Codelco es una empresa estatal que forma parte de la Administración del Estado, por lo que le son aplicables los principios de eficiencia, eficacia y probidad.

Además, se agrega que, pese a contar la empresa con una Ley de Gobierno Corporativo, en virtud de su carácter estatal, está sometida al control y fiscalización por parte de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), de forma directa; de la Contraloría, en forma indirecta y directa; de la Superintendencia de Valores y Seguros; y de la Cámara de Diputados.

El texto resalta que los órganos de la Administración del Estado deben privilegiar la licitación pública por sobre la licitación privada y el trato o asignación directa; y sostiene que la interpretación dada por Codelco a su marco normativo restringe las atribuciones de la Cámara de Diputados y de la Contraloría, en circunstancia que ellas se encuentran reconocidas expresamente en la Constitución y en la ley.

Otra conclusión relevante apunta a determinar que la propuesta privada y la asignación directa de contratos, por parte de Codelco, “sólo pueden aplicarse de manera muy excepcional, cuando existan motivos urgentes o necesarios para su eficiente y eficaz funcionamiento, debiendo informar fundadamente a la Cámara de Diputados y a la Contraloría; y con mayor precisión cuando involucre a partes relacionadas y parientes”. “Cuando se trate de servicios o proyectos de mediano y largo plazo, que involucran elevados o muy elevados montos, la Comisión estima que no hay causa legal ni de conveniencia para eludir la licitación pública, ni siquiera de manera excepcional”, se remarca.

El informe también refuta la judicialización realizada por Codelco del caso y, respecto de las indemnizaciones, se observó que el hecho de ser una empresa pública no puede, en ningún caso, inhibir a Codelco de dar cumplimiento a la normativa laboral contenida en el Código del Trabajo y a los pactos que con sus trabajadores celebre. Sin embargo, se remarca que “Codelco debe tomar las medidas para que los planes de egreso se ajusten a los principios de eficiencia, eficacia y probidad”.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, se plantea que Cochilco, junto con jugar un rol asesor técnico, debe ejercer las respectivas funciones fiscalizadoras, en forma cabal y eficiente. Además, se llama al Ejecutivo a hacerse partícipe del proceso de mejoramiento de los mecanismos de fiscalización necesarios y envíe pronto al Parlamento un proyecto de ley que fortalezca a Cochilco.

Asimismo, entre otros puntos, se propone que el directorio de Codelco incorpore las observaciones y hallazgos detectados por los organismos fiscalizadores, como una oportunidad de mejora a la gestión de la empresa, “pero también como una manifestación de que no existen personas ni organizaciones del Estado que queden fuera del alcance de los principios de eficiencia, probidad y control”.