Solo el 0,5% de las donaciones realizadas en los últimos 10 años ha beneficiado a los institutos profesionales, recursos que se han concentrado principalmente en pocos planteles universitarios, donde dos de ellos recibieron el 60% del total de recursos recaudados.
Las universidades han sido tradicionalmente las favorecidas con los recursos provenientes de donaciones reguladas por el artículo 69 de la ley 18.681, concluyó el estudio realizado por el Departamento de Evaluación de la Ley en su análisis al marco legal que regula las donaciones a instituciones de educación superior, cuyo fin es financiar becas para alumnos y profesores; readecuar infraestructura; y apoyar a la investigación, entre otros puntos.
Durante la evaluación, de una norma que tiene 30 años de vigencia, se detectaron falencias vinculadas a su implementación y se evidenció la necesidad de facilitar el procedimiento de donación a través de un sistema integrado, que incorpore en una sola norma todo tipo de donaciones. Y aunque existe una valoración positiva de la ley por parte de los centros de estudios, también fue posible constatar que existe una alta concentración de los destinatarios de las donaciones, escaso impacto en los ingresos totales de los planteles y una compleja red de normas que rigidizan el sistema.
En la presentación de las conclusiones de esta evaluación, diversos representantes del mundo universitario plantearon la experiencia que han conocido en la aplicación de esta legislación.
Para Magdalena Aninat, directora del Centro Filantropía e Inversiones sociales de la Universidad Adolfo Ibañez, se requiere una mayor equidad en materia de donaciones y simplificar un sistema normativo que en general es confuso para los donantes.
“La legislación actual es dispersa y es compleja de entender tanto para los donantes como para los donatarios y la cual es, muchas veces, contradictoria y deja vacíos que son regulados por circulares del Servicio de Impuestos Internos”, precisó Aninat.
Asimismo, añadió que los donantes se enfrentan a “un mar de normativas”, donde se contabilizan hasta 54 normas sobre donaciones, y se ve inhibido, ya que tiene que contar con abogados y contadores, lo cual genera barreras de entrada y propende a un sistema poco equitativo.
Entre las propuestas que entrega este estudio, se plantea, por ejemplo, incluir las donaciones en especies, punto que ha sido objeto de discusión por parte de los planteles, principalmente para carreras técnicas que requieren de un equipamiento especializado de alto costo.
Asimismo, ampliar el tipo de contribuyente, que hoy solo contempla a los afectos al impuesto de primera categoría, considerar a los centros de formación técnica, aclarar las competencias de las instituciones fiscalizadoras e incorporar criterios distributivos.
Para el presidente del Comité de Evaluación de la Ley-OCDE, diputado Pablo Lorenzini (DC), lo primero es poner el tema en el tapete, porque hay problemas que se producen y pocos conocen, con situaciones hasta “anecdóticas, como una donación de 200 ovejas, que no pueden descontarse”.
“Hay falencias de clarificación, primero, qué se puede donar, en qué circunstancia se deducen, porque la gracia es la reducción de impuestos”, explicó el legislador, quien también fue enfático en recalcar la concentración de las donaciones a universidades grandes de la región metropolitana, en desmedro de las regiones.
Lorenzini, además, anunció que en los próximos meses se presentará un proyecto de ley que recoja las propuestas de este estudio, que esperan discutir con las autoridades de gobierno.
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