La edición número 17 contempla ocho títulos, entre los cuales se contemplan: Elementos y nulidad de los acuerdos y observaciones de la Cámara de Diputados en el ejercicio de su facultad fiscalizadora; El protocolo de Nagoya y el Congreso Nacional: una deuda pendiente; Sentido y alcance de la atribución de la Corte Suprema de informar en la tramitación legislativa; y Mi chile, mi familia. ensayo sobre la crisis política y la participación electoral.
Temas relacionados a la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de fiscalizar los actos del gobierno y análisis vinculados a la crisis política son parte de la oferta de artículos de la versión N° 17 de la Revista Hemiciclo, desarrollada por la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, entidad que dirige Gonzalo Vicente.
Tal como se presenta en la publicación, que encabeza Juan Veglia, la nueva edición parte con un detallado análisis de las condiciones bajo las cuales pueden resultar nulos los actos realizados en el ejercicio de la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados - fiscalizar los actos del Gobierno -, análisis a cargo de uno de los ganadores del Concurso de Memoristas 2017 de esta corporación legislativa, Diego Molina, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Un segundo artículo apunta a abordar el limitado papel que le cabe al Congreso Nacional en la ratificación de los tratados internacionales y, específicamente, en el impulso de la ratificación del Protocolo de Nagoya, relativo a la industria biotecnológica. El texto es elaborado por Leonardo Castillo, académico de la Universidad de la Frontera, con una mirada que contextualiza los diferentes proyectos de acuerdo presentados sobre el tema, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, así como sus respuestas, cuando las hubo, por parte de las autoridades de Gobierno.
Luego, se avanza en un crítico balance del ejercicio de la atribución de la Corte Suprema de informar en la tramitación legislativa, redactado por el asesor legislativo Pablo Urquízar y el coordinador legislativo de la Corporación Comunidad y Justicia, Cristóbal Aguilera.
El artículo busca “precisar el alcance y sentido de la disposición, analizando tanto su tenor literal como su historia fidedigna”. Los autores concluyen que, “de un tiempo a esta parte, la Corte Suprema se ha excedido en sus atribuciones, ya sea en el voto mayoritario, en sus prevenciones”, abordando asuntos que exceden el marco estricto que la Constitución define para el ejercicio de esta atribución exclusivísima y, por esa vía, “afectándose gravemente la autonomía que la Constitución le ha conferido a los colegisladores y, por tanto, poniendo en jaque el principio de separación de los poderes y de deferencia razonada”.
Abriendo la que podría bien considerarse la Sección Ensayos de Hemiciclo -donde por un nuevo año se recogen los trabajos ganadores del Concurso de Ensayos de la Academia Parlamentaria, en sus categorías para estudiantes universitarios y de enseñanza media, certamen que este año tuvo como tema Crisis de la Política y Participación Electoral-, María Catalina Callealta, alumna de 3 Medio del Colegio Jorge Huneeus Zegers, de La Pintana, Santiago, ofrece una mirada documentada y propia con el tema: “Mi Chile, mi familia. Ensayo sobre la crisis política y la participación electoral”.
En tanto el ensayo que resultó ganador del segundo lugar en la categoría enseñanza media, “Instabunt Tempora (Tiempos difíciles)”, de Ignacio Medina, alumno del Colegio Adventista de Talcahuano, aborda la temática con una perspectiva a la vez analítica y poética.
“Crisis de la política: un momento de definición”, es la apuesta del trabajo ganador del segundo lugar en la categoría educación superior, escrito por Javier Sepúlveda, estudiante de Derecho de la Universidad de Concepción. También estudiante de Derecho y también de regiones, Stefano Salgado, de la Universidad de Valparaíso, se adjudicó el primer lugar de su categoría con el ensayo “República, multitud y democracia en Chile”.
La decimoséptima edición de Hemiciclo se cierra con un artículo que evalúa el desarrollo e implementación de las políticas públicas de protección de los derechos colectivos de los trabajadores del Estado en Chile, desde la recuperación de la democracia en 1990 hasta el año 2014. El análisis del abogado Maximiliano Astorga es exigente y estima que aquellas “han salvaguardado escasamente los derechos colectivos de los funcionarios públicos”, lo que lo lleva a concluir con “propuestas de mejoramiento (... tales como) realizar las enmiendas constitucionales y legales pertinentes, modificar en profundidad la legislación laboral, adecuándola a los estándares internacionales”.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS