La sesión, convocada entre las 16:00 y las 17:15 horas, se centró en los recientes hechos que han sido dados a conocer, en el marco de las campañas presidenciales de 2009 y 2013.
En una sesión especial, la Cámara de Diputados analizó los recientes hechos que han sido dados a conocer, en relación a actos de presunta corrupción y financiamiento ilegal de las campañas políticas con recursos extranjeros, en el marco de las campañas presidenciales de 2009 y 2013.
El debate, solicitado por la bancada de Renovación Nacional, fue abierto por la diputada Paulina Núñez del mismo partido, quien inició su discurso aludiendo al financiamiento por la empresa brasileña OAS a la campaña del excandidato Marco Enríquez-Ominami.
“Fue este contexto el que nos movió a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, toda vez que el aporte de capitales extranjeros a campañas políticas no solamente es un hecho prohibido por nuestra Constitución y nuestras leyes, sino que también tiene aristas de financiamiento a las campañas políticas que reviste aspectos penales, particularmente, en relación a la rendición de sus gastos. Gracias a dicha denuncia, el Ministerio Público inició una investigación”, argumentó la parlamentaria.
Al mismo tiempo, agregó que aún hay mucho que investigar y que queda todavía por aclarar los hechos relativos a la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet. “Nuestro país clama por verdad. El Ministerio Público está investigando y actuando. La Comisión fiscalizadora de esta Cámara no puede quedarse atrás”, insistió.
Continuando con los discursos, los parlamentarios concordaron en la necesidad de establecer mecanismos que, más allá de la cooperación internacional entre organismos persecutores, sean eficaces en lograr sanciones ejemplificadoras.
Desde la oposición, los diputados defendieron el legado de la expresidenta Bachelet, quien fue aludida durante el debate, y argumentaron que no permitirán que a la exmandataria se le pretenda enlodar con financiamiento irregular de campañas.
Al mismo tiempo, señalaron que dichos actos son de extrema gravedad por el daño que estos le hacen al sistema democrático. Por ello, los legisladores llamaron a sacar la política del lugar sombrío en el que se encuentra, ya que, comentaron, el lugar para los negocios no es ni debió ser jamás la política nacional.
Antes del término de la sesión, los diputados aprobaron la resolución 159, que solicita al Presidente de la República disponer las medidas necesarias para fortalecer las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito internacional, particularmente del grupo de fiscalías y ministerios públicos que han establecido nexos a propósito de la operación Lava-Jato, para fortalecer la acción transfronteriza de la persecución de delitos cometidos en Chile y en el extranjero.
Pidieron, además, el estudio de medidas que mejoren y hagan interoperable la persecución penal con otros países, particularmente el empleo de manera restringida de mecanismos como la delación compensada o la cooperación eficaz, para el esclarecimiento de los delitos.
Por último, los parlamentarios solicitaron un estudio de legislación que aumente las penas y supla los vacíos que pudieren haber respecto de la comisión de ilícitos electorales.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS