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Ejecutivo fijó plazo para despachar proyecto sobre derecho de mujeres a una vida sin violencia

Publicado el 10 de octubre del 2018

El gobierno le asignó suma urgencia a la tramitación del proyecto que establece el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. La Comisión de familia acordó sesionar dos veces por semana a fin de despachar prontamente el mensaje que se encuentra pendiente desde la administración anterior.

Mejorar las respuestas institucionales que se ofrecen a las mujeres víctimas de violencia y contribuir a la generación de un cambio cultural que avance en igualdad de derechos entre hombres y mujeres y el fin de las relaciones de subordinación son los objetivos principales del proyecto (boletín 11077) presentado por el gobierno de Michelle Bachelet y que fue acogido por la actual administración.

La Comisión de Familia se encuentra votando el articulado de esta iniciativa a la que el Ejecutivo le asignó suma urgencia (quince días para el trámite). La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, participó en esta instancia y se comprometió a generar diversos cambios propuestos en el debate.

Particularmente, en torno a los deberes del Estado en la prevención de la violencia, potenciando un sistema de alerta temprana y también mejorar la redacción para que claramente se incluya a la diversidad de mujeres.

“Nuestro gobierno siempre tiene voluntad de diálogo y de incorporar aquellas visiones que no estuvieron cuando se redactó el proyecto de ley”, señaló la ministra Plá, considerando que este mensaje viene del gobierno anterior.

Hasta ahora se ha avanzado en la definición de violencia contra las mujeres y las formas en la que esta se expresa, que van más allá de la violencia física o psicológica. La presidenta de la Comisión, Natalia Castillo (RD), explicó que “se han incorporado distintos tipos de violencia que no estaban en el proyecto inicial”.

Dentro de estos, destaca la violencia económica, pues a juicio de la parlamentaria “se ha mantenido invisibilizada la forma en que muchas personas ejercen coerción a mujeres en virtud de una dependencia económica”.

Para el diputado Gustavo Sanhueza (UDI), es necesario incorporar estos cambios porque “las mujeres se demoran aproximadamente siete años en denunciar un tipo de violencia”. Agregó que, muchas veces, no lo hacen porque no perciben como “malas” ciertas conductas debido a que no han sido visibilizadas y reconocidas como manifestaciones de violencia. Por lo tanto, tipificarlas, favorece su erradicación.

En la sesión también participó el abogado Rodrigo Bustos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que sugirió, por ejemplo, la necesidad de eliminar atenuantes que se basan en estereotipos de género frente a delitos de violencia contra la mujer y detallar de mejor manera cómo es que a través de los medios de comunicación de continúan difundiendo estos modelos desiguales.