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Diputados y Gobierno analizaron decreto de contención fiscal aplicado por el Ejecutivo

Publicado el 10 de octubre del 2018

Las explicaciones sobre la forma y fondo de la medida fiscal fueron dadas por el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y por el titular de la Dirección de Presupuestos, Rodrigo Cerda. Mientras que el oficialismo respaldo y felicitó el acto del Gobierno, la oposición cuestionó el recorte de los recursos, especialmente a la luz de la reforma tributaria que se quiere concretar.

Analizar la constitucionalidad, legalidad, mérito, oportunidad y conveniencia de las reducciones presupuestarias fijadas por el Decreto 651, que afectarían a diversos ministerios y servicios públicos, fue el objetivo de la sesión especial realizada hoy por la Sala de la Cámara, entre las 16:00 y las 18:45 horas.

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, inició la discusión del tema explicando el actual contexto económico del país, donde resaltan los datos de un crecimiento del PIB al alza e indicadores locales positivos en materia de productividad, empleo formal e inflación, entre otros.

Sin embargo, también fue claro en identificar las turbulencias internacionales que afectarán a nuestro país, en particular la guerra comercial entre Estados Unidos y China, países que representan un 42% del intercambio comercial de Chile; y los compromisos definidos por el Gobierno en pro de recuperar la estabilidad fiscal chilena y reducir la deuda.

Es en dicho contexto que justificó el ajuste presupuestario impulsado en abril pasado, el cual pasó a detallar luego el titular de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Rodrigo Cerda.

Según especificó, la contención fiscal implicó un total de 1.063 millones de dólares por año, concentrándose en cuatro áreas: 446 millones de dólares en lo que denominó "gasto soporte", que implica reducción en viáticos, horas extraordinarias, bienes de consumo y adquisición de bienes no financieros; 363 millones de dólares derivados de los montos de libre disposición que dejó el gobierno anterior (representan el 77% del decreto); 238 millones de dólares en líneas específicas que afectaron al Tesoro Público (gastos ya devengados, reducción en recursos del programa Más Capaz; y 16 millones de dólares por ajuste en la inflación (el presupuesto se basó en un IPC de 2,6 y la nueva proyección fue de 2,4 promedio).

Finalmente, entre otros variados antecedentes, los representantes del Gobierno remarcaron tanto la constitucionalidad como la legalidad del acto administrativo, el cual, resaltaron, fue visado por la Contraloría General de la República.

De la crítica al apoyo al decreto

A nombre de las bancadas del Frente Amplio y FRVS, convocantes de la sesión, intervinieron el diputado Renato Garín y la diputada Alejandra Sepúlveda.

Garín expresó la preocupación de su sector por la aplicación del citado decreto 651, primero por reafirmar una tendencia del Gobierno a avanzar por la vía administrativa por sobre la legislativa y, segundo, por representar una reducción importante de recursos para diversos ministerios.

En este marco criticó el afán de la derecha de buscar siempre una reducción del Estado y de achicar el gasto fiscal, pese a que Chile no presenta índices comparables con otros países pares. Así, consideró necesario avanzar en una reforma tributaria, no en la línea planteada por la actual administración de Sebastián Piñera, sino en una de mayor equidad social.

Por su parte, Alejandra Sepúlveda recalcó a los representantes del Ejecutivo que la sesión fue convocada porque nunca fue respondido el oficio de fiscalización enviado por las dos bancadas, donde se solicitaba que se explicara los fundamentos de la medida y para adoptar sobre la base de dicha información las posturas necesarias en la próxima discusión presupuestaria.

En todo caso, la legisladora sostuvo que las explicaciones de Hacienda ahondaron en lo macroeconómico pero no en los fundamentos basales de la medida que permitan analizar el impacto del ajuste en diversos programas y carteras. "Lo que ha dicho es absolutamente insuficiente", afirmó.

A seguir, intervinieron en representación de sus respectivas bancadas los diputados Alejandra Santana (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Manuel Monsalve (PS), José Miguel Ortiz (DC), Daniel Núñez (PC), Karim Bianchi (IND), Jorge Rathgeb (RN), Gaston Von Mühlenbrock (UDI), Carlos Kuschel (RN) y Harry Jürgensen (RN).

En términos generales, el oficialismo respaldo y felicitó el acto del Gobierno, estimando que va en la línea de controlar el gasto público, estabilizar las finanzas fiscales y reducir la deuda nacional, lo que permitirá luego contar con mayores recursos para financiar los nuevos desafíos del país.

Por el contrario, la oposición cuestionó el recorte de los recursos, especialmente a la luz de la reforma tributaria que se quiere concretar y que apuntaría dentro de sus líneas a una menor recaudación. Además, se cuestionó que la medida no vaya a afectar a la población.

Resoluciones

Al término de la sesión se votaron dos resoluciones. La primera (RES 357), originada en la UDI, fue rechazada por 45 votos a favor, 56 en contra y dos abstenciones. En lo sustancial se declaraba que el Decreto 651 cumplía con los preceptos constitucionales y legales que establece nuestra legislación, además de ser oportuna su dictación.

La resolución 358, presentada por la oposición y aprobada por 59 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones, indica que Sala estima que la información dispuesta por la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda para fundamentar la reducción presupuestaria, particularmente a través de la falta de respuesta a oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados, como también, a la ausencia de motivación en el acto mismo de la Dipres, fue insuficiente, debiendo ser la propia Corporación quien instara a realizar la presente sesión para requerir dicha información.

Un segundo punto sugiere al Presidente de la República que instruya que estos ajustes se realicen previa audiencia de la Sala de la Cámara de Diputados, a fin de que, con la información necesaria, se pueda fiscalizar correctamente el ejercicio de las facultades del poder Ejecutivo.

Por último, entre otras consideraciones, se recomienda al Jefe de Estado que no solo arbitre medidas que tiendan a afectar el presupuesto público, sino que también la recaudación de los ingresos del Fisco, dado que una gran cantidad de recursos se pierden en exenciones, franquicias, créditos y otros beneficios tributarios de los contribuyentes, en especial de quienes perciben rentas más elevadas