La Comisión que investigó las irregularidades detectadas en las mutualidades de las Fuerzas Armadas y de Orden acusó responsabilidades directas en los generales de Carabineros a cargo de la dirección de Bienestar y propuso modernizar el sistema por el cual funciona y se fiscaliza a estas instituciones.
Cinco meses de trabajo tuvo la Comisión que investigó la operación de las mutualidades vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, así como las eventuales irregularidades u omisiones en su fiscalización. Justo en el plazo, la instancia despachó un informe que fue construido en un trabajo conjunto entre sus integrantes.
Dentro de las conclusiones, de acuerdo a lo que señaló el presidente de la esta instancia, diputado Leonardo Soto (PS), se señala la responsabilidad directa de los generales que estuvieron a cargo del Bienestar de Carabineros, entre 2005 y 2016, pues con su omisión de responsabilidades habrían contribuido a las irregularidades que detectó la Contraloría General de la República.
Los oficiales que estuvieron a cargo en ese período son los generales Marcos Tello, Marcia Raimann, Hugo Insulza Daneri, Víctor Herrera Pintor y Manuel Letelier Castillo.
El presidente de la instancia, también destacó que no es posible que quienes integran algunas de estas instituciones estén obligados a pertenecer a las mutualidades, como tampoco que sean quienes financien sus seguros. “En este país -y es un principio universal- que el que produce los riesgos de una persona debe financiar su seguro y, en este caso, sería el Estado de Chile", explicó.
Quienes integraban la Comisión valoraron las conclusiones y propuestas en este único informe. A juicio del diputado Osvaldo Urrutia (UDI), el trabajo de investigación ya ha demostrado efectos favorables. “Por los informes definitivos que presentó la Contraloría, donde señalan que los comandantes en jefe no van a poder estar en los directorios de las mutualidades ni recibir una dieta o sueldo por aquello”, señaló el parlamentario a modo de ejemplo.
Otra de las propuestas que considera el informe -que debe ser votado en la Sala de la Cámara- es implementar una comisión que incluya al Ejecutivo, representantes del Congreso, expertos y académicos que revise el sistema y proponga los cambios necesarios para un mejor funcionamiento.
El informe también señala irregularidades que afectan a trabajadores civiles del Hospital Militar de Santiago y de la Central Odontológica del Ejército que son obligados a afiliarse a la mutualidad del Ejército y la Fuerza Aérea y financiar un seguro de vida, sin tener derecho a ningún beneficio.
Otro problema que también se señala y que fue manifestado por la Contraloría dice relación con la carencia de personal del organismo. Las contralorías, auditorías e inspectorías que existen en cada una de estas instituciones, desarrollan un control acotado y responden a un plan de fiscalización que deben elaborar cada una de las instituciones.
Considerando la cantidad de recursos públicos involucrados y el importante número de funcionarios que integran dichas instituciones, se cree necesario aumentar la dotación de funcionarios del órgano fiscalizador y de las FF.AA. y de Orden y Seguridad, para fortalecer el trabajo de control externo e interno de los actos de la estas instituciones de la administración del Estado.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS