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Cámara de Diputados aprobó Sistema Táctico de Operación Policial

Publicado el 12 de diciembre del 2018

La iniciativa, enviada a segundo trámite legislativo al Senado, tiene como objetivo trasparentar y optimizar la gestión táctica policial orientada a la prevención de delitos, a través de un conjunto de acciones y estrategias.

A segundo trámite constitucional al Senado se remitió el proyecto (boletín 11.705) que establece un Sistema Táctico de Operación Policial, conocido por su sigla STOP, que será administrado por Carabineros de Chile, y del que también formarán parte, en calidad de participantes, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público y las municipalidades.

El objetivo del sistema -aprobado en general por 127 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones- es trasparentar y optimizar la gestión táctica policial orientada a la prevención de delitos, a través de un conjunto de acciones y estrategias, entre ellas, el análisis de tendencias, volúmenes y cambios del comportamiento delictual, así como el seguimiento de las acciones que se implementen en el orden preventivo y de control del fenómeno delictual.

Anualmente, la policía uniformada presentará en audiencia pública ante el consejo comunal de seguridad pública el resultado del cumplimiento de los compromisos adoptados en el STOP.

El sistema empleará una plataforma de información estadística que facilite el análisis criminal, la focalización operativa y preventiva de delitos contra las personas, delitos cometidos con violencia o intimidación, delitos contra la propiedad cometidos por medios materiales y aquellos otros que determine el reglamento, por parte de Carabineros de Chile, publicitando y transparentando permanentemente dicha información a la ciudadanía.

El texto dispone que se celebrarán sesiones al menos una vez al mes, tanto a nivel de prefecturas como de comisarías de Carabineros, para analizar la información y adoptar acuerdos con miras a focalizar la acción preventiva, implementar estrategias de intervención específicas, distribución eficiente de los recursos y, en general, cualquier otra medida destinada al apoyo de las funciones policiales.

A las sesiones, a nivel de prefecturas, deberán asistir representantes de Carabineros, entre ellos, el prefecto y comisarios respectivos y, al menos, un representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, uno del Ministerio Público y los alcaldes de los municipios existentes en el territorio policial de la prefectura, o el funcionario municipal que este último designe. Los representantes deberán contar con la autoridad suficiente para participar en los acuerdos.

Carabineros, dentro de los cinco días hábiles siguientes a las sesiones, remitirá a los consejos comunales de seguridad pública del respectivo territorio policial un informe donde consten los acuerdos alcanzados y cualquier otra información que estime relevante para la prevención del delito a nivel local. Esta norma, por tener carácter de ley de quórum calificado, fue votada en forma separada sumando 127 votos afirmativos, siete negativos y cuatro abstenciones.

La información obtenida será pública y deberá estar disponible a la ciudadanía de forma expedita, permanente y actualizada, a través de una plataforma virtual que dispondrá Carabineros de Chile.

Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y visado por el Ministro de Hacienda determinará las características que deberá reunir la plataforma de información estadística del Sistema; la forma en que se incorporará toda otra información relevante para su eficacia; y el catálogo de delitos cuya información será tratada a través del STOP.

Asimismo, establecerá la metodología para la adecuada celebración de las sesiones; las normas de administración del modelo de gestión por resultados; los mecanismos de acceso a la información aplicables y cualquier otro aspecto necesario para una correcta implementación.

El funcionario que, de cualquier forma, altere información en el Sistema u omita su ingreso, con la finalidad de ocultar, distorsionar o eliminar su contenido, incurrirá en infracción de los deberes funcionarios, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponderle.

En marzo de cada año, Carabineros deberá presentar a ambas ramas del Congreso Nacional un informe objetivo de evaluación de los resultados del STOP.

En términos presupuestarios, el proyecto requiere de 279 millones de pesos para financiar 410 licencias de software estadístico y análisis de texto para todas las unidades policiales del país; de 80 millones para la plataforma STOP (considera compra de licencias, servidores y hosting para que los 345 municipios se incorporen a esta plataforma); y de 30 millones de pesos en capacitación. Además, en el segundo año y siguientes requiere de 100 millones de pesos.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al Ministerio del Interior y, en lo que falte, con cargo al Tesoro Público. En los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos de las respectivas leyes de presupuestos.