CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Uno de los objetivos del mensaje presidencial (boletín 12288), que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana, es terminar con la segregación que existe en las ciudades.

Así lo explicó ante la Comisión de Vivienda el ministro del ramo, Cristián Monckeberg, al tiempo que especificó que el citado objetivo irá de la mano de una política pública, en zonas donde no hay densificación.

“Nosotros, a lo largo de la historia de nuestro país, hemos construido ciudades muy segregadas, donde familias de distintos orígenes y diferentes ingresos no pueden convivir en una misma ciudad, unas en un barrio y otras en otro y, normalmente, las familias de menores ingresos en la periferia. Eso tenemos que ir derribándolo”, precisó.

El secretario de Estado informó que este proyecto busca "fomentar esa interacción social, territorial y urbana, que le permita a las familias de diferentes orígenes e ingresos aprovechar y gozar de la ciudad y tener una mejor calidad de vida".

Indicó que la idea es que, a través de beneficios normativos y urbanísticos, se permita que viviendas de integración se puedan construir en zonas más céntricas, por ejemplo, donde pasa una línea de Metro, una línea troncal de transporte público, o donde haya buen equipamiento, servicios o áreas verdes.

Alertó que se promoverán zonas de integración urbana para el desarrollo de usos mixtos y se otorgará la facultad a los gobiernos regionales para declarar zonas de intervención urbana en planes reguladores intercomunales con una mirada de ciudad.

Además, considera la disponibilidad de terrenos públicos para impulsar la oferta de arriendo protegido.

Junto con ello, el texto establece nuevas facultades para el Ministerio -que se pasará a llamar de Ciudad y Vivienda-, como implementar programas habitacionales que promuevan e induzcan la integración social; una política de suelo que propicie su utilización mediante beneficios normativos; y el resguardo y supervigilancia de los planos reguladores, de modo que contemplen criterios y disposiciones que incentiven la integración social y urbana.

En la Comisión, la autoridad se refirió también a la agenda normativa para la integración social y urbana, que considera el reglamento de la Ley 20.741 (aprobada hace 5 años), que faculta al Ministerio a otorgar beneficios de normas urbanísticas para el desarrollo de proyectos de viviendas integradas en lugares determinados, cuya propuesta se encuentra en Contraloría.

Reaciones parlamentarias

El diputado Pablo Kast (Evópoli) valoró el envío de este proyecto que viene a dar respuesta a un desafío pendiente que tenemos como país.

“Generan una nueva institucionalidad y nuevas atribuciones en el Ministerio; generan un reglamento que va a operar en corto plazo, en esta intervención por parte de la autoridad en las ciudades y barrios que tienen posibilidad de mejorar su integración y densificarse equilibradamente, es muy importante este concepto que se ha presentado”, planteó.

Estimó que esto tiene que conciliar el legítimo resquemor que existe en la población respecto a que sus barrios y ciudades se puedan densificar descontroladamente, versus la necesidad de incorporar más gente, en estos barrios donde el Estado ha generado una inversión importante.

Por su parte, la legisladora Natalia Castillo (RD) valoró la disposición del ministro de Vivienda para darle contenido al concepto de integración social.

“Este proyecto tiene dos grandes áreas: una es la integración social y urbana y, la otra, es la nueva ley de arrendamiento, que modifica algunos cuerpos normativos. Le dimos un seguimiento muy atento a lo que implica este proyecto. El Ministro se ha mostrado también abierto a recibir todos los aportes que pueden venir desde la comisión, porque la integración social es un concepto que puede quedar un poco vacío si no se le dota de contenido. Y en eso vamos a estar los próximos meses”, comentó.