Representantes de la Asociación Red de Investigadoras participaron en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género con el objetivo de exponer denuncias de discriminación en las universidades del país, específicamente en la recién creada Universidad de O`Higgins.
En junio de este año, la doctora Karina Bravo presentó una denuncia por hostigamiento laboral en contra de sus superiores en la Universidad de O`Higgins, de la región del mismo nombre. La doctora Vania Figueroa declaró a favor de su colega, tras lo cual a ambas no se les renovó su contrato.
Este fue el caso que presentaron representantes de la Asociación Red de Investigadoras (RedI) ante la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. RedI tiene como objetivo promover la equidad de género en todos los ámbitos del conocimiento y erradicar las barreras que impiden a las mujeres el desarrollo de una carrera en la investigación.
De acuerdo a los antecedentes expuestos, la recientemente creada casa de estudios habría actuado en forma reservada, sin informar cuáles fueron los antecedentes por los que se tomó la decisión de no renovarles el contrato.
Según informaron a la instancia, el 27 de junio de 2018 se inició el sumario en la universidad, el cual fue entregado el 11 de diciembre del mismo año. Sin embargo, la fecha de la resolución en la que se señala la no renovación del contrato es del 30 de noviembre y fue comunicada por correo electrónico.
“Nos parece gravísimo y por esa razón es que hemos oficiado a la ministra de Educación, al rector de la Universidad de O`Higgins y también a Conicyt porque, dado que ellas son investigadoras, también hay recursos del Estado para un proyecto que hoy día queda truncado, ya que una de ellas llevaba solamente un año trabajando en un proyecto que dura tres”, señaló la presidenta de la Comisión, diputada Loreto Carvajal (PPD).
Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) planteó que, como legisladoras, hacen lo que pueden en el asunto. "Nosotras no somos tribunales. En esta Comisión todas las mujeres pueden venir a exponer sus problemas y nosotras podemos apoyar, pero no podemos resolver cuando aquí la materia es netamente legal”. remarcó.
De todas formas, valoró su concurrencia a la instancia, pues pone en alerta sobre lo que está pasando en el mundo académico.
Las académicas también aseguraron que el proceder de la entidad fue injustificado, arbitrario e irregular, que no existe reglamento de calificación ni criterios de evaluación ni tampoco alguna instancia de apelación.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS