La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó un texto que funde dos iniciativas destinadas a proteger la privacidad y sancionar la difusión no consentida de imágenes o contenido de connotación sexual, obtenidas con ocasión de la vida en pareja entre el hechor y su víctima.
El objetivo de la norma aprobada, fruto de dos mociones refundidas (boletines 12164 y 11923), es sancionar como delito el subir a la red imágenes, audios o videos con contenido sexual sin consentimiento, cuando estos hayan sido obtenidos en la intimidad.
La idea es hacer prevalecer la razonable expectativa de privacidad de los participantes del acto, la que estará determinada por la intención de intimidad de estos y el lugar del hecho.
Así lo explicó la autora de una de las mociones, diputada Maite Orsini (RD), quien dijo que lo que se busca es proteger a los jóvenes ante el uso ilícito de medios digitales, acotando por la vía penal la regulación a aquellos lugares o espacios donde la víctima tenga una expectativa de privacidad.
La parlamentaria expresó su satisfacción con el despacho de la normativa a la Sala, tras lograrse un consenso amplio en la Comisión de Seguridad Ciudadana, con espacios de diálogo que les permitió sacar adelante una ley "lo mejor hecha posible”, que tendrá un "impacto directo en la vida de jóvenes y adolescentes".
Por su parte el presidente de la instancia parlamentaria, diputado Iván Flores (DC), señaló que con este proyecto se llena un vacío legal que ampara un ilícito que hoy no puede ser perseguido por el Ministerio Público, al no existir una regulación clara.
“Se supone que son unos 4 mil casos anuales el número de casos conocidos, pero que las mismas policías o la justicia no toma porque no está constituido como delito, por lo tanto, no llegan a ninguna parte”, precisó.
Según cifras proporcionadas por la brigada de Cibercrimen de la PDI, entre los efectos que se ha constatado en las víctimas de delitos contra la vida privada figuran la afectación psicológica, trastornos del ánimo y alimenticios y tendencias suicidas, en los casos de mayor gravedad.
Las estadísticas precisan que, en el periodo enero 2017-octubre 2018, se registró un 17% de víctimas masculinas, mientras que un 83% fueron víctimas femeninas de este tipo de conductas.
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