La resolución pide al Gobierno entregar una ayuda real a los postulantes de programas ofrecidos por el Estado que pertenecen a la clase media de nuestro país, con especial consideración a la situación de los jóvenes profesionales que la conforman.
Solicitar al Presidente de la República que modifique el Registro Social de Hogares, con el objeto de transformarlo en un instrumento moderno de asignación de beneficios, es el objeto de la resolución 288 aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados.
El texto, ratificado por 141 votos a favor y 4 abstenciones, fue presentado a la Cámara por los diputados IND Karim Bianchi y Pepe Auth, además del DC Raúl Soto.
Entre sus fundamentos, el documento señala que el Registro Social de Hogares, básicamente, consiste en un sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales.
Agrega que dicho registro es construido con datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee el Estado.
Al mismo tiempo, el texto aclara que, dentro del conjunto de información disponible en el Registro Social de Hogares, se incluye una calificación socioeconómica del hogar, que ubica a cada hogar en un tramo de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.
En este contexto, los diputados plantean que el mencionado registro podría desvirtuar la situación actual de los jóvenes profesionales que postulan a los distintos programas del Estado, ya que estos mecanismos no reflejan la precariedad financiera de los postulantes, asignándoles a ellos el máximo de la calificación posible. Este máximo de calificación, consecuencialmente, se transforma en la causa por la cual son excluidos de todos los beneficios que imparte el Estado.
Por lo anterior, describe la resolución, se obtiene como resultado jóvenes profesionales que, por un lado, reciben salarios que, no siendo mínimos, tampoco les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas y, por otro, un sistema de asignación de beneficios fiscales que los considera sobre-calificados para optar a cualquiera de sus programas.
La consecuencia es brutal, advierten los parlamentarios. “Tenemos a familias desamparadas que no son tenidas en cuenta por el sistema financiero privado, por no cumplir con los requisitos económicos por ellos mismos impuestos, ni tampoco son tomados en cuenta por el Estado debido a un mecanismo de asignación de beneficios que no es capaz de reflejar la precariedad financiera de sus postulantes”, recalcaron.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS