La propuesta fue ratificada en enero por Economía y la pasada semana por Hacienda, busca fortalecer la actual institucionalidad de propiedad industrial, procurando mejorar la protección de los derechos que consagra y estableciendo procedimientos de registros más expeditos y eficientes.
En condiciones de pasar a la Sala para su análisis quedó el proyecto que perfecciona tres cuerpos legales en materia de propiedad industrial (boletín 12135), incluyendo al Código Procesal Penal y la ley crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), entidad estatal encargada de la administración y atención de los servicios relacionados a esta materia.
La propuesta fue ingresada a trámite a inicios de octubre de 2018 por el Ejecutivo y analizada por la Comisión de Economía, que la despachó con informe positivo a su par de Hacienda el 11 de enero.
La semana pasada, los legisladores de Hacienda recibieron en audiencia al subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, y al director nacional del Inapi, Esteban Figueroa, quienes explicaron los lineamientos de la propuesta legal, que terminó por ser aprobada en los mismos términos que la Comisión de Economía.
La iniciativa se fija el propósito de fortalecer la actual institucionalidad de propiedad industrial, procurando al efecto una mejor protección y observancia de los derechos que ella consagra, estableciendo procedimientos de registros más expeditos y eficientes.
Conforme a lo indicado por el Gobierno, los perfeccionamientos buscan facilitar los trámites de los usuarios y permitir al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que otorga los derechos, llevar a cabo una gestión más efectiva, rápida y de mejor calidad.
Entre las modificaciones se encuentra la eliminación de la carta certificada y su reemplazo por notificaciones por medios electrónicos y una reforma en materia de “tasas ”, a fin de optimizar los procedimientos de registro.
El proyecto también considera beneficios procedimentales, como la opción de pago por anualidades y patentes provisionales, y mejoras como: la inclusión de marcas no tradicionales, la caducidad marcaria por falta de uso; y un nuevo procedimiento simplificado de depósito sin examen sustantivo para diseños y dibujos industriales.
Asimismo, se introducen, de manera expresa en la ley, las excepciones y limitaciones internacionalmente reconocidas, a fin de equilibrar el sistema de propiedad intelectual de nuestro país. Además, entre otros perfeccionamientos, se define un límite a la protección suplementaria; un mecanismo de acción penal pública; e indemnizaciones preestablecidas para la falsificación marcaria.
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