La resolución pide al Presidente de la República incluir una glosa presupuestaria de carácter permanente en la tramitación de la Ley de Presupuestos para el sector público y enviar un proyecto de ley, ambos con el objeto de mantener bonos laborales entregados en 2016, 2017 y 2018.
Con una votación de 116 votos y 5 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la Resolución 371, que pide al Presidente de la República incluir una glosa presupuestaria de carácter permanente en la tramitación de la Ley de Presupuestos para el sector público, con el objeto de mantener el bono para los trabajadores del sector público de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, otorgados por las Leyes 20.883 y 21.050.
La propuesta fue planteada a la Sala por los diputados UDI Sandra Amar, Rolando Rentería, Gastón Von Mühlenbrock, Nicolás Noman, Celso Morales y Cristhian Moreira; junto al RN Carlos Kushel y al independiente Ignacio Urrutia.
El documento señala que “el Estado está al servicio de la persona y su finalidad es promover el bien común” como lo establece la Constitución Política, por lo cual, los órganos estatales tienen el deber de fomentar el bien común y el bienestar de la población.
En ese sentido, el documento señala que es de toda justicia otorgar mejores condiciones laborales para todos, especialmente, para quienes se desempeñan en el sector público, chilenos que han entregado lo mejor de ellos en beneficio de las personas.
Se mencionan así, las leyes sobre beneficios laborales para trabajadores públicos de Magallanes y Antártica Chilena para los años 2016 y 2017, en el marco de una política de reajustes de remuneraciones y aguinaldos, impulsada por las autoridades, beneficio que se extendió con otra normativa para 2018, fruto de una mesa de negociación con el sector público.
En dicha región, la mesa intersectorial la componen 11.900 personas, por lo que el beneficio es una aspiración legítima para buena parte del personal público.
Dicho beneficio consiste en la entrega de 126 mil pesos líquidos reajustables, imponibles y tributables (149.000 pesos bruto) a los funcionarios públicos más vulnerables de la región, cuya remuneración no supere los 762.693 mil pesos.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS