A través de una resolución, la Cámara pidió al Ejecutivo adoptar las medidas que permitan extender y garantizar el programa vigente para esta población.
Por la unanimidad de 111 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 381, que solicita al Presidente de la República que instruya al Ministro de Desarrollo Social y sus organismos dependientes, el establecimiento de políticas públicas que extiendan y garanticen el beneficio de escolaridad a personas con discapacidad intelectual, promoviendo la atención de niños, niñas y adolescentes (NNA) y su plena inserción social.
En sus fundamentos, los/as autores/as del texto recalcan que, con la entrada en vigencia de la Ley 20.201 sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales, se abrió una nueva etapa en cuanto a las respuestas que el Estado de Chile otorga a la situación por la que atraviesan centenares de familias a nivel nacional, relativas a la situación escolar de los niños que padecen algún grado de discapacidad intelectual.
Con esta normativa se estableció una nueva subvención para niños y niñas con necesidades educativas especiales e incluyó nuevas discapacidades al beneficio de subvención establecido en el DFL 2, de 1998, del Ministerio de Educación.
Así las cosas, esta política pública de apoyo de las personas que sufren algún grado de discapacidad intelectual debe estar acentuada en el proceso denominado "transición a la vida adulta", en virtud de la cual las personas con discapacidad se mantienen en las escuelas especiales o talleres laborales hasta los 26 años, generándose la necesidad de contar con un sistema gubernamental que acoja a estas personas tras cumplir esa edad.
El texto precisa que variadas son las instituciones encargadas de proveer mecanismos e infraestructura para la inserción de personas con discapacidad en la sociedad, llenando el vacío existente en nuestra legislación en la materia, principalmente, en lo que respecta a la ejecución y desarrollo de políticas, planes y programas gubernamentales en torno a ocuparse directamente de la discapacidad intelectual que sufren nuestros NNA y que amerita una respuesta frontal a nivel institucional.
Por lo anterior y con el objeto de garantizar la asistencia a este segmento de la población, es que se estima urgente un apoyo decidido de parte del Estado, en torno a fomentar la acción que le incumbe y que se encuentra consagrada en la Constitución y las leyes, en materia de discapacidad intelectual, así como para promover la acción de estas escuelas, corporaciones e instituciones privadas que realizan esta encomiable labor.
La resolución aprobada fue promovida por los/as diputados/as UDI Sandra Amar, Javier Hernandez, Virginia Troncoso, Enrique Van Rysselberghe, Nino Baltolu y Gustavo Sanhueza; RN Bernardo Berger y Aracely Leuquén; PS Marcos Ilabaca; y FRVS Esteban Velásquez.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS