CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

El Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, expuso ante la Comisión de Trabajo de la Cámara, en el marco del debate del proyecto que mejora las pensiones del pilar solidario y del sistema de capitalización individual, al tiempo que crea nuevos beneficios para la clase media y las mujeres y un subsidio y seguro de dependencia (boletín 12.212).

Macías detalló que, ante los nuevos deberes que consigna la iniciativa, también se les confieren facultades en la ley.

Con respecto a la administración del 4 % adicional que se contempla, explicó que se formarán administradoras de ahorro complementario para pensiones, las que deberán ser autorizadas, reguladas y fiscalizadas por el organismo que encabeza, que además deberá autorizar su régimen de inversión.

Precisó que la Superintendencia de Pensiones deberá regular y fiscalizar lo correspondiente al seguro de dependencia, la administradora del seguro y su funcionamiento.

El superintendente de Pensiones puntualizó que formarán parte de un comité de coordinación junto a la Comisión para el Mercado Financiero, ya que hay muchas materias en común respecto al sistema de pensiones, por ejemplo, pólizas de renta vitalicia; tasas de interés de descuento; seguro de invalidez y sobrevivencia; y seguro de dependencia, entre otras, que deberán ser abordadas por esta instancia.

Agregó que, debido a la ampliación del perímetro regulatorio, el proyecto de ley considera aumentar la dotación de la superintendencia de 247 a 256 funcionarios.

Finalmente, subrayó que los plazos de la reforma son estrechos porque, sin duda, el propósito es que las pensiones suban lo más rápido posible. En ese plano, recalcó que la Superintendencia de Pensiones debe adaptarse y cumplir con lo que sancione el Congreso Nacional.

Reacciones parlamentarias

El diputado Patricio Melero (UDI) destacó los nuevos ámbitos que abarcará el proyecto y subrayó que el punto en debate sigue siendo la entidad que administrará este porcentaje adicional.

“Una serie de beneficios nuevos que no están hoy día, como es el bono que van a recibir las mujeres que tengan al menos 16 años de cotizaciones, de una unidad de fomento mensual; el bono clase media y, desde luego, el seguro de pensión para quienes tengan dependencia severa, es decir, que no puedan por si solos auto valerse, lo que también es una creación nueva y que les va a dar una cifra importante mensualmente”, planteó.

En esta dirección, sostuvo que lo que se va consolidando es un principio que hay que hacer valer en materia previsional y que es la libertad para poder elegir, esto es, que si los chilenos quieren el aporte adicional destinarlo a la AFP, que es ahora la más rentable, tengan el derecho a hacerlo. Si se crea un organismo distinto, un gestor del Estado, por ejemplo y es parte de la negociación, el que quiera hacerlo lo pueda hacer.

"Pero lo que no tiene lógica alguna es que le impongamos bajo esta consigna de 'No más AFP' la prohibición absoluta a los chilenos si quieren destinar su aporte adicional al sistema de las AFP”, remarcó.

Por su parte, el diputado Tucapel Jiménez (PPD) dijo que no se entiende que hoy día la tabla de mortalidad esté ajustada a 110 años, a pesar que hay una mínima cantidad de personas que tienen más de 100 años y que reciben pensión.

"La verdad, es que esa no es la realidad de Chile y la pregunta es si ajustamos realmente esa tabla de mortalidad a la realidad de Chile, en que los promedios de vida serán, no sé, 85, 90 años ¿cuánto sería el porcentaje que mejoraría la pensión de los chilenos?”, interrogó.

El diputado cree que esto podría traducirse en un proyecto de fácil despacho, pese a que el aumento podría no ser mayor, pero que, igualmente, corregiría una situación en que por un porcentaje muy menor, se afecte a la mayoría.