En la resolución, los/as legisladores/as recalcan la arbitrariedad de los cargos imputados a Nasrin Sotoudeh, así como los cuestionables actos procesales de los juicios que se practicaron en su contra, que concluyeron con una condena de 33 años de prisión y 148 latigazos.
Por 135 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados repudió la condena de 33 años de prisión y 148 latigazos en contra de la abogada iraní, Nasrin Sotoudeh, sometida a juicios arbitrarios e injustos por oponerse a las leyes sobre el uso forzoso del hiyab (velo que cubre la cabeza y el pecho de mujeres musulmanas).
En la resolución 537, se informa que la citada profesional fue detenida en 2018, en su hogar, y llevada a la prisión de Evin, en Teherán, donde permanece hasta hoy recluida por dedicarse a la defensa de los derechos humanos y de las mujeres.
Se menciona que fue sometida a dos juicios y que, en uno de ellos, no contó con la asistencia de un abogado y fue impedida de participar, por no contar con la vestimenta que ordena la ley islámica. En dichos procesos -se agrega- se le imputó siete cargos, algunos de ellos relacionados con su oposición a las leyes sobre el uso forzoso del hiyab, como incitar a la corrupción y la prostitución" y "cometer abiertamente un acto pecaminoso … apareciendo en público sin hiyab).
"En septiembre de 2016, la sección 28 del Tribunal Revolucionario de Teherán la declaró culpable, in absentia, por ayudar a esconder espías con el propósito de perjudicar la seguridad nacional, basándose en reuniones con diplomáticos extranjeros; no obstante ello, nunca fue acusada por ese cargo, sino por difusión de propaganda contra el sistema y reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional", se especifica en la resolución.
Nasrin Sotoudeh, además de ser perseguida por su lucha a favor de los derechos de las mujeres, también fue enjuiciada por "formar un grupo con el fin de perturbar la seguridad nacional", en referencia a su trabajo con grupos de derechos humanos para, por ejemplo, abolir la pena de muerte.
"Incluso la insistencia que manifestó Nasrin Sotoudeh para poder tener un abogado de su elección, independiente, y no uno de los 20 que habían sido seleccionados por el presidente de la magistratura se consideró como un acto delictivo", se destacó en el texto.
La propuesta fue planteada a la Sala por Víctor Torres (DC), Carmen Hertz (PC), Matías Walker (DC), Camila Vallejo (PC), Karol Cariola (PC), Maya Fernández (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Pamela Jiles (PH), Joanna Pérez (DC) y Marcela Hernando (PR).
Foto: Amnistía Internacioal
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS