CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Por 97 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora de los actos del Ministerio del Interior; del Ministerio de Justicia; de Carabineros; y de la PDI, con ocasión del denominado caso Harex, correspondiente a la desaparición del joven Ricardo Harex González, acaecida en 2001 en la ciudad de Punta Arenas.

La instancia concluyó que existen suficientes antecedentes para afirmar que la investigación que busca aclarar la desaparición de Ricardo Harex ha sido llevada a cabo sin la debida diligencia en lo que respecta al principio de independencia, imparcialidad, competencia, oportunidad, exhaustividad y oficiosidad instruidos para investigaciones judiciales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual Chile le reconoce competencia.

Adicionalmente, la Comisión que lideró el diputado Karim Bianchi (IND) estimó que los mecanismos propios de esta investigación fueron llevados a cabo de manera deficiente. De ello dan cuenta las declaraciones de los funcionarios policiales que fueron invitados, los que corroboraron que el impulso de las diligencias investigativas eran basadas en rumores emanados de la opinión pública y que, incluso, teniendo presente dicho modus operandi, nunca tomaron en consideración los que vinculaban al sacerdote Rimsky Rojas como culpable de la desaparición de Ricardo Harex.

Relacionado con este último punto, el texto indica que, la circunstancia de que no se llevara a cabo una acuciosa investigación sobre la muerte el sacerdote Rimsky Rojas, finalmente, desencadenó en que no fueran agotadas todas las líneas investigativas.

Dichas omisiones por parte de las policías, detalla el documento, contribuyeron a crear en la sociedad puntarenense una sensación de impunidad y protección hacia miembros de la iglesia. A juicio de la Comisión, dichos actos fueron cruciales para determinar el fracaso de la investigación.

En relación a la manera en que se practicaron las búsquedas, el informe concluye que tales acciones no se ajustaron a la labor que están obligadas a tener las policías y que la ciudadanía espera de ellas. De las declaraciones recogidas, describe el informe, se aprecia que en ocasiones eran funcionarios salesianos los encargados de realizar e instruir las búsquedas, incluso las que se realizaban dentro de sus propias dependencias eclesiásticas.

La instancia también hizo presente que las actuaciones desplegadas por la iglesia católica, particularmente, los hechos realizados por los salesianos, lograron desvirtuar el enfoque de la investigación más que aportar genuinamente al desarrollo eficiente de la misma. De otra manera, aclara el escrito, no es posible explicar que uno de los principales sospechosos de la desaparición de Ricardo Harex fuera, precisamente, quien haya contribuido de manera más activa en los operativos de búsqueda.

Lo anterior, relacionado directamente con las acciones de encubrimiento y protección brindado por las altas autoridades eclesiásticas hacia sus sacerdotes acusados por delitos de connotación sexual. La Comisión sostiene que no es casual ni antojadizo que un sacerdote con historial de violaciones a los derechos de menores sea director de un colegio por años y que nunca se hayan tomado acciones reales en pos de dar efectiva protección a los niños de la región de Magallanes.

Propuestas

En el marco de las propuestas, la Comisión pide remitir a la ministra en visita la totalidad de los antecedentes que obran en poder de la instancia, con el objeto de colaborar con la investigación sobre la desaparición de Ricardo Harex, que ya lleva mas de 18 años abierta.

Solicitar a las policías que elaboren mecanismos de comunicación, coordinación y colaboración interinstitucional a nivel nacional, para que puedan responder de manera eficiente y eficaz a las distintas peticiones que pueda realizar el Ministerio Público.

Oficiar al Ministro del Interior para que, en el plazo de tres meses, disponga de la creación de una mesa técnica que evalúe cambios a las normas y procedimientos de las policías en materia de desaparición de personas.

También se pide oficiar a la Iglesia Católica, con la finalidad de solicitarle cooperar, de manera efectiva, en las labores investigativas que resten a propósito del caso Harex; proponer la elaboración de un protocolo de respuesta para casos de denuncia; y definir la obligación de denuncia a todos sus miembros para situaciones que involucren violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, el informe propone oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el objeto de que, teniendo presente las declaraciones del Obispo de Magallanes, Bernardo Bastres, quien se mostró llano a que en las dependencias de los salesianos en Punta Arenas se realicen pericias tendientes a encontrar eventuales pruebas, soliciten a la Ministra en Visita ordenar a la PDI llevarlas a efectos en el menor tiempo posible.