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Proyecto sobre rendición de cuentas de gastos reservados comenzará su votación en Hacienda

Publicado el 16 de mayo del 2019

La Comisión recibió de parte del ministro de Defensa el detalle de las indicaciones presentadas, que recogen gran parte de las propuestas parlamentarias, entre ellas, impulsar un mayor control interno y externo de los gastos reservados y fortalecer las facultades de la Contraloría General.

A punto de ser votado en la Comisión de Hacienda, artículo por artículo, se encuentra el proyecto que regula la información y rendición de cuentas de gastos reservados en el sector público (boletín 12.332).

El ministro de Defensa, Alberto Espina, y el Subsecretario de FF.AA., Juan Francisco Galli, presentaron las indicaciones del Ejecutivo que recogen gran parte de lo planteado por los parlamentarios, en cuanto a control de los recursos.

Conforme a lo indicado, las indicaciones siguen la línea del objeto del proyecto, que es fortalecer el control civil y democrático en la obtención, ejecución y rendición de gastos reservados, preservando el desarrollo de las funciones públicas.

Cabe recordar que la norma permitirá en forma anual, determinar cuáles son las unidades de ministerios y entidades que podrán tener gastos reservados y cumplir sus tareas relativas a seguridad interna y externa y de orden público del país, así como las funciones inherentes a la jefatura de Estado y que requieran de reserva o secreto.

El diputado Alejandro Santana (RN) valoró que el Gobierno acogiera las inquietudes y dudas con respecto a cómo administrar los gastos reservados y generar todos los controles y fiscalizaciones correspondientes a quienes administran estos recursos. "Y, obviamente que el ministro ha dicho hasta dónde se puede llegar, porque tienen connotación estratégica algún tipo de uso de estos fondos y no se pueden abrir”, señaló.

Destacó, asimismo, que vaya a existir gestión interna para ir fiscalizando o controlando que esto tenga un buen uso. "El ministro también dijo que hoy día es difícil que lo que sucedía en el pasado siga pasando y yo creo que eso ya es una forma interna que se ha mejorado”, agregó.

El control interno considerará la identificación de las unidades operativas y el deber de información a los subsecretarios del Interior, de Fuerzas Armadas, de Defensa y de Relaciones Exteriores.

El control externo, en tanto, estará a cargo de la Contraloría General y de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados.

Declaración de patrimonio

En otro punto, se recogió la indicación de los diputados RD Giorgio Jackson y Jorge Brito, que obliga a la declaración de patrimonio de intereses de los jefes de unidades operativas que tienen gastos reservados.

La revisión será realizada por la Contraloría, que podrá pronunciarse, fiscalizar y denunciar inconsistencias, punto que fue destacado por el diputado José Miguel Ortíz (DC).

“Estas platas se ocupan para el espionaje y contraespionaje, para la inteligencia, especialmente para ser garantes del país. Así que, por lo tanto, en eso, yo creo que se está llegando a buen término, en que hagan una declaración de patrimonio los que van a administrar los gastos reservados", resaltó.

Justamente sobre los cambios, el Subsecretario para las FF.AA. explicó que se establece un tipo penal para aquellas personas que reciban información de alta sensibilidad para la seguridad nacional que pudieran vulnerar el deber de secreto que tienen.

En segundo lugar, dijo que se aplicará un agravamiento de la pena por malversación de fondos públicos, cuando esa malversación ocurra respecto de fondos que constituyen gastos reservados.

"Y, en tercer lugar, si es que se utilizan los gastos reservados en un fin distinto, -ya no como constitutivo de delito, no por un enriquecimiento personal-, pero que se utilicen para fines distintos de los determinados en la ley, constituye una falta grave a la probidad y, por lo tanto, sancionable administrativamente”, explicó.

Se espera que la iniciativa se apruebe en particular en una próxima sesión en junio y luego pase a la Sala de la Cámara. La idea es que sea despachada del Congreso antes del 30 de septiembre, ya que deroga los pisos mínimos para determinar los gastos reservados, permitiendo fijarlos mediante una propuesta en la Ley de Presupuestos.