La Comisión de Medio Ambiente recibió a la Mesa de Trabajo Vecinos de Hijuela de Quilin, quienes denunciaron las irregularidades en la autorización de este proyecto que contempla 24 torres de 15 pisos en esta zona residencial, lo que podría aumentar casi el doble de la población de la zona.
Dos mil 300 departamentos, cerca de cuatro mil estacionamientos y una estimación de diez mil nuevos habitantes son las cifras que maneja la Mesa de Trabajo Vecinos de Hijuela de Quilin y que fueron expuestas en la Comisión de Medio Ambiente, poniendo en evidencia el impacto que tendría la realización del proyecto inmobiliario en Peñalolén.
Francisco Correa, representante de los vecinos afectados, señaló que solamente el sector nuevo de Peñalolén ya tiene del orden de 14 mil habitantes y que acá se está hablando de casi el doble de impacto, en un sector pequeño de 14 hectáreas.
"Cuando hablamos de cuatro mil estacionamientos nos referimos a 20 kilómetros de taco que se va a generar en una zona que hoy día ya está saturada”, remarcó, agregando que con estos datos, podría estimarse que solo para salir de la zona residencial hacia la autopista se podría tardar cerca de 50 minutos, demorando hasta tres horas en cruzar Santiago.
En la sesión también participó el diputado Tomás Hirsch (PH), quien representa al distrito 11 que incluye a esta comuna. A su juicio, este es “un proyecto inmobiliario tremendamente invasivo, que va a destruir áreas verdes", una viña completa, que se va a instalar en medio de una zona residencial de casas de uno o dos pisos.
"Estamos hablando de torres de 15 pisos en la zona precordillerana de Santiago, por lo demás, arriba de la falla de San Ramón. Por lo tanto, aquí son muchas las situaciones irregulares. Esto requiere una evaluación de impacto completa, profunda, con participación ciudadana", enfatizó.
Ausencia de participación ciudadana
De acuerdo a lo expresado en la Comisión, la norma indica que en las declaraciones de impacto ambiental se tiene que solicitar la participación ciudadana y, en este caso, se habría solicitado, sin embargo, se denegó aduciendo que los vecinos no se veían favorecidos por el proyecto.
El presidente de la instancia, diputado Félix González (PEV), explicó que, por supuesto no se ven favorecidos, sino que se ven perjudicados y, claramente, "están dentro del área de influencia del proyecto y debió haberse permitido la participación ciudadana”.
Frente a esto, el grupo parlamentario acordó solicitar distintos oficios de fiscalización, principalmente al servicio de evaluación ambiental (SEA), en relación a por qué no permitió la participación ciudadana. También a la directora de este organismo, Andelka Vrsalovic, quien pese a ser invitada, se excusó de participar en la instancia, lo que fue criticado por los vecinos y diputados de oposición.
La principal solicitud de los vecinos afectados es que el proyecto presente una evaluación seria, un estudio de impacto ambiental que permita demostrar y de la garantía a todos los vecinos y también a la Cámara de que las cosas se están haciendo bien.
"Con una declaración de impacto como la que estamos viendo acá no hay garantía de nada; no hay garantías de que las mitigaciones sean las adecuadas, ni tampoco que se estén midiendo las cosas como corresponde”, agregó Francisco Correa.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS