Volver
Publicado 06/06/2019 11:00:00

Comisión investigará acciones del Estado frente al extravío de menores desde 2010

La instancia tiene como objetivo recabar antecedentes de los Ministerios del Interior y de Justicia, así como de los servicios asociados y, en particular, las acciones desarrolladas en la materia por Carabineros y la Policía de Investigaciones.

La instancia tiene como objetivo recabar antecedentes de los Ministerios del Interior y de Justicia, así como de los servicios asociados y, en particular, las acciones desarrolladas en la materia por Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Más de mil 700 niños, niñas y adolescentes se encuentran desaparecidos en el país. Así lo alerta la solicitud de 62 diputados/as que solicitaron el respaldo de la Sala para crear una comisión que investigue las acciones que han tomado diferentes organismos del Estado frente a esta realidad.

Las cifras provienen del Ministerio Público, e incluyen las denuncias de presuntas desgracias y sustracciones de menores hasta febrero de 2019. El documento agrega que un año antes, desde la Brigada de ubicación de personas de la Policía de Investigaciones (PDI) se señalaba que habían 889 menores desaparecidos con búsquedas vigentes.

La petición, que fue respaldada por la unanimidad de las y los presentes en la Sala, pone un especial énfasis en el manejo que existe entre las instituciones cuando existen fugas de los centros del Servicio Nacional de Menores, pues en ese caso se emite una Orden de Búsqueda y Recogimiento a Carabineros, quienes si al mes no logran encontrarles, se solicita su egreso para derivar su cupo. En estos casos, las órdenes no siempre son transformadas en presuntas desgracias.

También se destaca el aumento considerable de extravíos, entre 2017 y 2018, y la alarmante estadística de cuatro menores extraviados al día en este último año.

Las regiones, donde hay más denuncias de estas situaciones, son: Arica y Parinacota, con 279 casos; Los Lagos, con 190 casos; y Metropolitana Occidente, con 374 casos.

A estos números, señala la petición, es necesario agregar la llamada “cifra negra”, que se entiende como delitos reales, que no poseen denuncia, por lo tanto, no se pueden contabilizar en ninguna estadística y que se estima que sería cercana al 61%.