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Cámara analizó irregularidades comerciales e inversiones de Enap entre 2014 y 2018

Publicado el 19 de junio del 2019

A la sesión especial asistieron la presidenta del Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), María Loreto Silva, además del gerente general de la estatal, Andrés Roccatagliata.

Analizar las irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por Enap, entre 2014 y 2018, y su efecto en el estado financiero actual de dicha empresa fue el objetivo de la sesión especial celebrada hoy por la Sala de la Cámara de Diputados.

El encuentro, solicitado por 54 diputadas y diputados, se inició con las palabras del diputado Leonidas Romero (RN), quien, en el tiempo del Comité de Renovación Nacional, solicitó a la presidenta del directorio de Enap, María Loreto Silva, responder todas las interrogantes que quedaron pendientes durante el desarrollo de la comisión investigadora sobre las irregularidades en la estatal.

La cita, tambien convocada para conocer y debatir sobre las denuncias recibidas de posibles despidos injustificados y prácticas antisindicales en Enap, continuó con la intervención de la diputada Sandra Amar (UDI), quien manifestó su preocupación por la poca claridad que estima aún existe en materia de gastos y otros ámbitos.

“Creemos que hay un sin fin de situaciones que aún permanecen inconclusas y que deben ser aclaradas (…) Han pasado varios años y aún no existe claridad con una serie de gastos, que no se condicen con el principio de austeridad propuesto en una oportunidad por la empresa”, relató.

Al mismo tiempo, la parlamentaria llamó a las autoridades de Enap a esclarecer todos los antecedentes objetados por el órgano contralor.

En el debate parlamentario también participaron las/los diputadas/os Carmen Hertz (PC), Mario Venegas (DC), Félix González (PEV), Pablo Prieto (IND), Iván Norambuena (UDI), Ximena Ossandón (RN) y Javier Macaya (UDI).

Enap

Posteriormente a la participación de los/as parlamentarios/as, la presidenta del directorio de Enap, María Loreto Silva, señaló que la actual administración no formaba parte de las irregularidades investigadas entre 2014 y 2018, pero que, sin embargo, siempre han estado disponibles para responder todas las interrogantes en relación a la empresa.

Asimismo, indicó que la probidad forma parte importante de Enap, por lo que resulta fundamental tomar “todas las medidas para hacer sostenible la vida de esta empresa a largo plazo”.

En ese sentido, resaltó que la administración está por revertir la situación de la estatal y que no está considerada, ni en la agenda del Gobierno, ni de la empresa, la privatización.

En cuanto a las medidas adoptadas, Silva indicó que se han creado nuevos comités de directores, así como la realización de alrededor de 38 auditorías y el establecimiento de políticas de conflictos de interés, entre otras.

Resolución

En la oportunidad, se aprobó, por 71 votos a favor y dos abstenciones, la resolución 630, que solicita al Presidente de la República adoptar medidas para afrontar la grave situación económica y administrativa que enfrenta Enap, como instruir al directorio de la empresa desplegar las acciones necesarias para contener su nivel de deuda, las cuales deben ser plasmadas en el Plan de Desarrollo de Negocios de la compañía.

Asimismo, que los ministros de Hacienda y de Energía aumenten su incidencia y control respecto de las actuaciones de la empresa, en particular a sus inversiones; y mandatar al directorio para encomendar a la actual administración la ejecución de un plan de acciones que busque supervisar estrechamente la labor que se realiza, así como revisar y modificar el sistema de nombramientos y selección de ejecutivos, aumentando sus estándares.

Por último, se pide reforzar los procedimientos y controles existentes para la prevención, detección y monitoreo de conflictos de interés y de contrataciones de personas expuestas políticamente; fortalecer los mecanismos internos de control en materia de compra, contrataciones y aprovisionamiento; y prestar colaboración activa a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y otras entidades fiscalizadoras, para esclarecer irregularidades.