El grupo parlamentario revisó la situación de los ciudadanos venezolanos que quedaron varados en el paso Chacalluta, luego de que se modificaran los requisitos exigidos para su ingreso al país.
Con la presencia del director del Servicio Jesuita Migrante, José Tomás Vicuña, y de la representante de Venezuela en Chile designada por el presidente encargado Juan Guaido, Guarequena Gutiérrez; la Comisión de Derechos Humanos analizó la situación por la que atraviesan cientos de ciudadanos venezolanos en la frontera norte de Chile.
Ambos personeros describieron el complejo presente de los migrantes que se encuentran en el consulado chileno en Tacna, luego de que se modificaran los requisitos para su ingreso al país.
Para José Tomás Vicuña, la responsabilidad de esta crisis recae en el Gobierno, al concretarse el cambio sin un proceso previo de aviso a los migrantes venezolanos, que se vieron sorprendidos por esta modificación que hizo obligatorio el uso de visa consular.
Este hecho, según explicó Vicuña, abrió además un nuevo flanco de conflicto con el ingreso a Chile por pasos no habilitados, con el consiguiente riesgo que ello implica.
“Hemos visto que los coyotes que antes solían visitar el terminal de buses en Tacna ahora van al consulado y piden entre 50 y 300 dólares para ingresar a personas por pasos no habilitados, lo que es muy peligroso, porque este es un campo minado”, precisó.
Para Guarequena Gutiérrez, en tanto, más allá de la determinación adoptada por el gobierno chileno, que está en su derecho de exigir el tipo de documentación necesaria, lo que corresponde es comprender el contexto general de la crisis migratoria, que radica en la responsabilidad que tiene el régimen de Nicolás Maduro, “porque independientemente de la flexibilidad, de las visas que nos pongan o si nos abren la frontera o nos la cierran, acá la génesis del problema es que Maduro se mantenga en el poder en Venezuela”.
Tras la sesión, la diputada y presidenta del grupo legislativo, Emilia Nuyado (PS), expresó su preocupación con la situación de los migrantes venezolanos, cuestionando el rol que le cabe al Gobierno chileno en esta crisis “dado que en un primer momento señalaron toda la voluntad de que pudieran ingresar al país, cambiando ahora las reglas del juego, sin aplicar la ley de refugio”.
Respecto a las críticas generadas, el diputado oficialista Cristóbal Urruticoechea (RN), si bien reconoció que “siempre las cosas se pueden hacer mejor”, defendió la actuación del Ejecutivo considerando que el país no solo debe recibir a la gente sino que también “procurar las condiciones para que tengan una buena calidad de vida en el territorio nacional”.
La instancia quedó a la espera de los antecedentes solicitados al Ministerio del Interior, con el objeto de evaluar y pronunciarse sobre la actuación del Ejecutivo y las medidas tomadas para hacer frente a la mencionada problemática.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS