El documento fue firmado por diputados de todas las bancadas de la oposición y, según los plazos, será votado por la Sala en octubre.
Tras aunar criterios respecto de su contenido, las bancadas de la oposición ingresaron la anunciada acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Se trata de un libelo compuesto por cinco capítulos, centrados en la falta de cumplimiento de su labor como secretaria de Estado, lo que configuraría una grave infracción a la constitución y las leyes.
Si bien no se hizo entrega públicamente del documento, se informó que este busca acreditar, además, la carencia de compromiso con uno de sus mandatos básicos, que es el cumplimiento de las leyes; faltar al principio de probidad; y ausencia de control jerárquico respecto de la coordinación y eficacia que deben tener las políticas públicas de la cartera, entre ellas, el escaso control sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio, en materia de educación pública.
De esta manera, y de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el próximo martes 10 de septiembre se dará cuenta en la Sala de la Cámara de Diputados el ingreso del libelo acusatorio, momento en el cual se deberá sortear a los cinco legisladores que integrarán la comisión que estará encargada de evaluar el mérito jurídico de la presentación.
Posteriormente, dentro del plazo de tres días, se deberá notificar, personalmente o por cédula, a la secretaria de Estado, estableciéndose con ello la prohibición de salida del país, mientras se desarrolla este proceso.
A partir de la notificación, la ministra Cubillos tendrá un plazo de diez días para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.
La instancia, a su vez, desde el momento de dicha comparecencia, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala de la Corporación, la cual lo votará en octubre.
Cabe mencionar que las acusaciones constitucionales tienen su base normativa en la Constitución Política (artículo 52), en la Ley Orgánica del Congreso Nacional (Título IV) y en el Reglamento de la Cámara de Diputados (Título VI).
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS