La representante de Cenda, Roxana Pey, se manifestó a favor del uso de la acusación constitucional. Por su parte, Constanza Hube, experta en Derecho Constitucional, y German Concha, profesor de Derecho de la Universidad Católica, consideraron que no se cumplen las condiciones para su presentación.
La comisión encargada de analizar los antecedentes acerca de la acusación constitucional en contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, escuchó la exposición de Roxana Pey, representante del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), quien describió un panorama crítico sobre la educación, cuestionando los hechos de violencia que se generan hacia los estudiantes y el actuar de la secretaria de Estado.
La académica subrayó que “los alumnos no son delincuentes, ni los colegios cuarteles”. Asimismo, consideró como violenta la actitud de la ministra Marcela Cubillos con la paralización del magisterio.
En este sentido, defendió el proceso de acusación constitucional y pidió dejar de lado las simpatías ideológicas y pensar en los estudiantes. “Necesitamos que las autoridades tengan conciencia de que sus acciones constituyen un referente educativo y que su figura y actuar deben ser un modelo”, planteó.
Otras visiones
Para Constanza Hube, experta en Derecho Constitucional, esta herramienta fiscalizadora es un asunto serio por las consecuencias: destitución del cargo y prohibición de ejercer en el servicio público por cinco años. En dicho contexto, estimó que los ilícitos, por no cumplir una ley, deben ser claros y graves.
Tras una explicación sobre los capítulos de la acusación constitucional y las imputaciones de responsabilidad contra la ministra Cubillos, en términos de infracción u omisión, explicó que en el actuar no se cumplen transgresiones ni vicios que puedan generarse susceptibles de una acusación constitucional.
Desde el punto de vista de German Concha, profesor de Derecho de la Universidad Católica, no se cumplen las condiciones pedidas por la Constitución para declarar la acusación constitucional.
El experto dijo que no hay demostraciones de que se haya dejado o actuado para que la norma no produzca el efecto. Una situación similar a lo que ocurre con la falta de ejecución presupuestaria, explicó “que no se vulnera la ley si no se gasta el último peso del presupuesto”.
Según explicó, “hay una diferencia de criterios, pero no una configuración de ilícitos”. “Pese a que la defensa es la única que puede plantearlo, y no me corresponde opinar al respecto, creo que aquí se podría sostener la cuestión previa, ya que la acusación no cumple los requisitos constitucionales”, evaluó.
El experto detalló que “la cuestión previa tiene, habitualmente, que ver con situaciones en las que se entiende que las causales invocadas no guardan estrecha relación con los fundamentos esgrimidos y que, por lo tanto, no cuadran”.
A la instancia asistió, también, Aquiles Herrera, presidente del centro de padres y apoderados del Instituto Nacional, quien evidenció su apoyo al trabajo realizado por la ministra Marcela Cubillos y dijo sentirse ni vulnerado ni afectado por las acciones de la ministra. Por el contrario, dijo que la secretaria de Estado los incorporó en el actual debate por la educación.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS