A la Comisión de Salud llegó la Fundación de Víctimas de Talidomida en Chile para solicitar que el Estado asuma su responsabilidad en la autorización y distribución del medicamento que les causó discapacidad congénita. El colectivo pide en concreto una ley integral que les permita una mejor calidad de vida.
Son 35 personas las que nacieron con discapacidad congénita por el suministro del fármaco Talidomida que fue recetado y suministrado a sus madres en los tres primeros meses de embarazo para evitar las náuseas.
El medicamento fue desarrollado en sus inicios por la farmacéutica alemana Grünenthal y comercializado en las décadas del 50 y 60, causando miles de malformaciones a nivel mundial.
En Chile, la Fundación de Víctimas de Talidomida (Vitachi) insiste en que el Estado no hizo nada para evitar su uso, porque nunca dictó alguna resolución para retirarlo del mercado, incluso se habría vendido hasta 1975.
Si bien reconocen que hubo avances en 2011 y en 2018, con el otorgamiento de una pensión de gracia de 194 mil pesos, aún estiman la acción insuficiente, especialmente atendiendo que en este grupo de personas hay quienes requieren de atención las 24 horas del día.
El presidente de la Fundación, César Rodríguez, insistió en que esperan una ley reparatoria integral para las víctimas de talidomida, que incluya aspectos como educación, vivienda, salud y transporte, entre otras materias.
“Salieron sendos proyectos de acuerdo desde la Cámara y el Senado hacia su excelencia el Presidente de la República, diciendo aquí hay un problema determinado causado por el Estado que autorizó la venta, fabricación y distribución del medicamento y esperamos que usted se haga responsable, legisle y haga una ley resarcitoria”, enfatizó.
Sostuvo que, desde el 2011 hasta ahora, no han tenido resultado alguno, a pesar de que siempre han mantenido el diálogo. "Así lo hemos hecho, con respeto a las autoridades, pero ese respeto no ha sido recíproco. Nosotros hemos venido a la Comisión de Salud de la Cámara para que envíe un oficio a su excelencia, solicitando aquello”, añadió el vocero.
Reacciones
El diputado Javier Macaya (UDI) estimó que el Estado ha actuado sobre la materia, siendo la pensión de gracia una buena muestra de aquello. "Es una cosa bastante reciente. Probablemente, hay un reconocimiento que se tiene que dar, de cómo la autorización de la prescripción y dispensación de este medicamento conlleva una responsabilidad del Estado. Nosotros ya como Cámara de Diputados lo reconocimos el 2011. Eso ya está reconocido por lo menos por parte de este órgano político” destacó.
Evaluó que el Ejecutivo también reconoció, de alguna manera, que hay una situación que es importante reparar, por el hecho de entregar una pensión de gracia, pero el legislador fue enfático en criticar -al igual como señalaron otros parlamentarios-, que acá falta que la industria farmacéutica asuma su responsabilidad.
"Aquí los grandes ausentes de las reparaciones ha sido la industria farmacéutica, específicamente, la que tiene responsabilidad en la dispensación de este medicamento. Yo creo que por ahí tienen que ir las líneas de acción de esta agrupación”, consideró.
La Comisión de Salud acordó solicitar un estudio comparado de derecho internacional en la materia, pedir al Presidente de la República que reciba a las víctimas y requerir explicaciones al ministro del ramo, Jaime Mañalich.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS