CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Hasta la comisión encargada de analizar los antecedentes acerca de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, concurrieron los abogados constitucionalistas Arturo Fermandois, Francisco Zúñiga y Jorge Correa Sutil, para entregar su visión sobre los fundamentos de la acusación.

En la oportunidad, los tres especialistas se refirieron al libelo, dividido en cinco capítulos, que consignan brevemente lo siguiente:

Primer capítulo: se afirma que la ministra ha “faltado a la verdad” y ha cometido “faltas a la probidad”, queriendo transmitir su visión del Sistema de Admisión Escolar a los apoderados.

Segundo capítulo: se refiere al envío masivo de correos a padres y apoderados para “promocionar” la iniciativa mencionada anteriormente.

Tercer capítulo: señala que la secretaria de Estado habría dejado “sin aplicación la ley” al “dilatar el nombramiento de autoridades”, entre otros aspectos.

Cuarto capítulo: se habla de que la ministra "no actuó conforme a los deberes legales y no realizó tardíamente las acciones necesarias para corregir la inejecución presupuestaria en que incurrió la Dirección de Educación Pública”, en los servicios locales de educación que eran dirigidos por personeros nominados bajo la administración de la expresidenta Bachelet.

Quinto capítulo: tiene relación con la “vulnerabilidad del principio de igualdad” en torno a las problemáticas por el no pago de menciones a las educadoras diferenciales.

Abogados constitucionalistas

Al respecto, el abogado Arturo Fermandois señaló que esta es una acusación que se introduce, peligrosamente, en una zona de discrepancia política y que debiera ser parte del sano debate que tiene un país en la aplicación de sus políticas públicas, pero que no es una acusación que imputa infracciones legales, jurídicas, precisas y concretas.

“Me preocupa el capítulo primero, donde se le imputa a la ministra el infringir la ley por una opinión (…) Creo que es una acusación más bien forzada y peligrosa, porque traumatiza zonas que nuestra institucionalidad tiene reservadas aparte del debate político y la prudencia en la ejecución de políticas públicas”, indicó.

Por su parte, el también abogado constitucionalista, Francisco Zúñiga, aclaró que, a su juicio, en la acusación “ha operado una suerte de mutación constitucional, ya que sin analizar el contexto en que operan estas herramientas, el análisis es incompleto”.

Indicó que, en el ámbito conceptual, la tarea de buscar antecedentes que avalen o permitan probar la veracidad de los capítulos es “un ejercicio inútil”.

Finalmente, el abogado Jorge Correa Sutil determinó que “tan solo el primer y segundo capítulo de la acusación, además del retardo en la dictación de un reglamento, superan la barrera de imputar a la acusada hechos determinados e infracciones precisas a la Constitución y a las leyes”.

Agregó que el tercer capítulo, el resto del cuarto y el quinto “no pasan un examen de admisibilidad”, ya que, advirtió, no hay imputación en ellos de hechos precisos que se atribuyan a la acusada.

“Sobre ellos no cabe construir un juicio con las garantías constitucionales mínimas del derecho a defensa y a un debido proceso, que es lo que debe ocurrir si se le acusa”, detalló.

Sobre el retardo en la dictación del reglamento, antes del juicio político, manifestó, que este debiera revisarse bien si es imputable o no a la ministra y luego juzgar su gravedad, si es que fuera imputable a la secretaria de Estado.