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Comisión de acusación contra ministra Cubillos finalizó etapa de audiencias

Publicado el 27 de septiembre del 2019

Ad portas de votar el informe por parte de la comisión que analiza la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos, fijada para el lunes 30 de septiembre, la instancia recibió a los últimos seis invitados, dos abogados constitucionalistas y cuatro representantes del mundo educacional.

En su última sesión de audiencias, la comisión de acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, recibió a los abogados constitucionalistas Fernando Atria y Eugenio Evans.

El profesor Atria, junto con calificar al mecanismo más como un juicio político que uno de legalidad, consideró que varios de sus capítulos se justifican.

“Yo creo que, en principio, esta es una imputación que perfectamente corresponde a una acusación constitucional. Pretender que esto es una acusación que debe ser rechazada por razones formales iniciales, yo creo que es un error; es interpretar muy estrechamente las facultades de la Cámara de Diputados”, consideró.

El abogado evaluó que varios de los capítulos del libelo se justifican. "Creo que la conducta de la ministra ha sido una conducta en la cual, ella ha enviado información equivocada, por ejemplo, a los padres sobre sus derechos en el proceso de admisión y me estoy refiriendo a uno de los capítulos, el primero”, precisó.

La diputada Catalina Del Real (RN) hizo un repaso de las exposiciones de los juristas y señaló que, en la jornada de hoy, se conoció que los twitter de la ministra cumplen con la normativa.

“Yo te diría que el 90% de los constitucionalistas no encontraron antecedentes que hicieran propio el sacar adelante esta acusación constitucional, o sea, no hay elementos jurídicos que realmente digan que la ministra incumplió la ley o la Constitución. Por lo tanto, el informe probablemente lleve ese tipo de matices”, explicó.

La parlamentaria indicó que lo que dijeron otros constitucionalistas -uno o dos-, "era que, en realidad, la ministra tenía responsabilidad sobre el capítulo uno, que tiene que ver con los twitter, pero también hoy se dijo en la comisión, que la ministra no había mentido con sus twitts porque, justamente, la ley tiene un espacio en el cual los colegios no pueden realizar las entrevistas a los apoderados”.

Retraso en aplicación de la ley

Por su parte, el presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Local de Educación de Barrancas, Ignacio Cáceres, consideró que existe retraso en la instalación e implementación de la nueva ley de educación pública.

Añadió que, Barrancas, que comenzó su funcionamiento en marzo de 2018 y agrupa las comunas de Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel, tiene a cargo 77 establecimientos educacionales y atiende a más del 90% de alumnos vulnerables.

En dicho plano, sostuvo que la demora en nombrar al director titular y en entregar recursos para infraestructura a través de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que recién llegaron en junio de este año, afecta a las/los niños y jóvenes más pobres, que por ejemplo, en algunos casos, no tuvieron acceso a los baños.

“Claramente la entrega de los recursos fue tardía; no teníamos director ejecutivo en su proceso y quien debía, para nuestro entender, por una situación jerárquica, establecer esta situación era y es la ministra de Educación, dado que con la nueva educación pública no es solo crear los servicios locales, sino que se crea un sistema de educación”, enfatizó.

Indicó que, dentro de este sistema, el ministerio de Educación es un órgano importantísimo y, por lo tanto, no es que el servicio local haga lo que quiera, sino que es el Ministerio el que debe supervigilar el proceso de instalación de los servicios locales. "Es por eso que la ministra tiene que rendir cuenta en ambas comisiones de educación, en el Senado y en la Cámara, una vez al año, porque ella es responsable del proceso de instalación”, remarcó.

En tanto, la diputada Maite Orsini (FA), planteó que la acusación tiene fundamentos y que le compete a la Cámara revisar su cuestión previa.

Respecto a la participación de representantes del mundo educacional en la comisión, resaltó la importancia de ver las consecuencias del retraso en la implementación de las leyes y la inejecución presupuestaria del fondo de infraestructura.

“Es tremendamente importante que, más allá de los fundamentos jurídicos, más allá de la doctrina, más allá de la jurisprudencia, más allá de la teoría, podamos ver los efectos reales en la vida de las personas, de las infracciones de las leyes que acá se han señalado. Y ese impacto es sustancial. Se ha hablado de cientos de niños que, por un año, no han podido acceder a un baño y que no han podido ir al baño durante horas. No sé cómo lo habrán hecho, ¿quizás han tenido que hacer sus necesidades en el suelo? Hay niños que están en salas de clase en días en donde hay cero grados sin vidrios. Hay colegios con plagas”, puntualizó.

En la instancia también participó el asesor de la Asociación Nacional de Funcionarios del Mineduc (Andime), Juan Luis Gumucio; la directora del Colegio Presidente Jose Joaquín Prieto de la Pintana, Marcia Poblete; y el director del Liceo Bicentenario de San Nicolás de la región de Ñuble, Víctor Reyes.

El próximo lunes 30 de septiembre, en la sede de Santiago del Congreso Nacional, la comisión votará su informe; documento que el martes 1 de octubre se someterá a consideración de la Sala de la Cámara.