CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La adopción irregular y/o ilegal, con vulneración de derechos fundamentales, existió en Chile, entre la décadas de 1950 al 2000, y tuvo su fuente en la falta de un sistema de garantías de derechos de los niños y niñas adoptados, asociado a la participación de instituciones privadas nacionales e internacionales colaboradoras de los procesos de adopción que persiguieron intereses económicos.

Esta es una de las apreciaciones del informe aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados, elaborado por una comisión cuya creación fue aprobada el 27 de noviembre de 2018 y que su mandato la enfocó en indagar sobre los actos de organismos del Estado, en relación con eventuales irregularidades en procesos de adopción e inscripción de menores y control de su salida del país.

En sus observaciones, la comisión dio cuenta de la creación de "asociaciones ilícitas de profesionales de la salud, asesores de adopción e inclusive funcionarios públicos, para operar bajo el alero de la 'legalidad' en el tráfico internacional de niños chilenos, despojándolos de sus madres, provocando un daño irreparable en las familias afectadas".

En la actualidad, se resalta en el texto, a pesar de existir un programa de búsqueda de origen, el derecho no se ha modernizado en razón de las necesidades reales de las víctimas de adopciones ilegales. Ejemplo de lo anterior, es la dificultad que tienen las víctimas para acceder a sus partidas de nacimiento, los registros vinculados a ellos y la imposibilidad de obtener copias de las fichas clínicas.

La comisión sostiene en su informe que es un hecho cierto que, en Chile centenares de niños fueron arrebatados a sus padres para ser dados en adopción, especialmente en el extranjero, verdad que fue reforzada por los testimonios de todas las personas que fueron invitadas a participar en la instancia.

"Ninguno de los intervinientes pudo poner en duda el hecho de la desaparición de niños al momento de nacer, como una práctica recurrente propia de todo el siglo XX, debido a las carencias hospitalarias, la falta de un registro de nacimientos óptimo y la presencia de grupos que actuaron coordinadamente para arrebatar a menores, especialmente en el caso de mujeres vulnerables", se acusa.

Se observa, asimismo, que los métodos de acción fueron diversos. "La forma más recurrente, por cierto, fue hacerle creer a la madre que el hijo o hija había fallecido, de modo que no hubiera reclamos posteriores, pues la progenitora se convencía que era un hecho irreversible e incuestionable y no se les entregaba el cuerpo del recién nacido, comprobante de parto, inscripción de nacimiento ni certificado de defunción", se explica en el documento.

El informe remarca que el robo de menores fue una práctica que superó el contexto histórico y que no se remitió solo a la época de la dictadura militar. "Los robos de menores traspasan barreras históricas y al parecer se trata de un negocio muy lucrativo para verdaderas mafias que, durante mucho tiempo, además, aprovecharon la falta de regulación para ver casos de adopción a extranjeros", se sentencia.

También se informa que la salida internacional de niños no tuvo ninguna regulación hasta 1988, lo que generaba un escenario propicio para el éxodo de muchos niños arrebatados a su progenitora. "Tras escuchar testimonios de madres que adoptaron en el extranjero, algunas de ellas afirman que el trámite lo hicieron pensando que cumplían con la legalidad vigente en Chile y que las verdaderas madres habían consentido en la idea de dar a sus hijos en custodia", se destaca.

Propuestas de la comisión

El informe, presentado ante la Sala por el diputado Boris Barrera (PC), contempla un compendio de propuestas para perfeccionar el actual sistema y prevenir nuevas lamentables situaciones, así como para fomentar el reencuentro de familias afectadas por procesos irregulares o ilegales. En este marco, por ejemplo, se presentan diversas enmiendas a la nueva Ley de Adopción, como por ejemplo, facilitar el acceso de información para los adoptados; y garantizar la conservación de la información relativa a la identidad de la familia de origen y demás antecedentes vinculados a la adopción.

También se propone que el adoptado tenga acceso a la documentación y certificados sobre su familia de origen sin necesidad del consentimiento de sus padres, tratándose de un menor; y que tampoco exista restricciones sobre su derecho a identidad, en relación a la familia extendida como la autorización materna.

La comisión, asimismo, plantea perfeccionamientos a los mecanismos que operan en el Registro Civil; establecer sanciones más severas a quienes adopten niños o niñas, sabiendo que detrás de esa acción, hay hechos ilícitos; excluir la participación de entidades privadas en los procesos de adopción, tanto nacionales como internacionales.

Además, se llama a proporcionar más financiamiento al Poder Judicial y PDI, para llevar a cabo con éxito la investigación de los más de 8 mil casos de adopciones ilegales; y establecer un enlace directo entre la Asociación Hijos y Madres del Silencio con el Ministerio de Salud y con el Registro Civil, con miras a canalizar de manera rápida las dudas y consultas.

Por último, entre otras iniciativas, se propone crear un banco de huellas genéticas de ADN, que permita llevar un registro de quienes buscan a sus familiares; y crear una Comisión de Verdad y Reparación, para encontrar y determinar la verdad de lo ocurrido y determinar responsabilidades.