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Sebastián Piñera es el segundo Presidente acusado constitucionalmente

Publicado el 12 de diciembre del 2019

La primera acusación constitucional presentada contra un presidente en el ejercicio de su cargo fue en 1956, a Carlos Ibáñez Del Campo.

El 19 de noviembre fue presentada por diputados y diputadas de la oposición la segunda acusación constitucional en la historia de Chile en contra de un Presidente de la República en el ejercicio de su cargo.

El documento acusa la responsabilidad del mandatario por los actos de su administración que comprometieron gravemente el honor de la Nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes al consentir en que las Fuerzas Armadas y de Orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada.

La anterior acusación fue el 27 de noviembre de 1956, contra el Presidente Carlos Ibáñez del Campo, por comprometer gravemente el honor y la seguridad del Estado, e infringir abiertamente la Constitución y las leyes.

Para los acusadores, la presidencia estaba en manos de “un ciudadano desprovisto de ponderación para dirigir nuestro país; carente de todo principio jurídico, más que eso, la ley le molesta y le estorba; que no comparte ni siente los principios de una democracia bien constituida como la nuestra; que cree que el poder se ejercita bajo el signo de su sola determinación y no por el libre juego de los Poderes e Instituciones que dan base a la Nación”.

Frente a esto, el Presidente respondió, a través de una carta dirigida a la Cámara de Diputados en la que rechaza su acusación, y se defiendo señalando que “estoy en situación de afirmar, afortunadamente, que toda mi vida de militar, de simple ciudadano y de gobernante, se ha orientado en todo momento y bajo todas las circunstancias, por este 'santo egoísmo' que es el amor a la Patria”.

El libelo acusatorio, que estaba contenido en dos grandes capítulos, finalmente fue rechazado en la Sala por por 48 votos por la negativa, contra 30 votos por la afirmativa, más 37 abstenciones.

Acusaciones a expresidentes

Pero esta no fue la única vez que Carlos Ibáñez del Campo fue acusado constitucionalmente. Sin encontrarse en el ejercicio de su cargo, el expresidente fue acusado tres veces en 1931, las dos últimas junto a ministros de Estado por las medidas tomadas durante su gobierno.

En las acusaciones contra Ibáñez eran denunciados diversos hechos de detención violenta, relegación y deportación, sin orden judicial y, por medio de agentes de Carabineros, de varios diputados, ocurridos desde el mes de febrero de 1927 y hasta julio de 1931.

Antes de la presentación de estos libelos, solo un expresidente había sido acusado, este fue Francisco Ramón Vicuña, el 20 de julio de 1831, por solicitud de Margarita Fernández, viuda del Teniente Pedro Rojas, quien fue ajusticiado en Santiago, el 24 de julio de 1829, según sentencia dictada por un Consejo de Guerra de Oficiales Generales, conforme a las disposiciones de la Ordenanza Militar, por el delito de sedición, con motivo de los sucesos conocidos como “el Motín de los Inválidos”.

La sentencia del Consejo de Guerra, de acuerdo a las disposiciones de la misma Ordenanza, fue aprobada por Francisco Ramón Vicuña, en su calidad de Presidente de la República, pese a que la Corte Suprema había reclamado por la infracción de las garantías constitucionales en el procesamiento de Rojas, conforme al artículo 96 No 9 de la Constitución de 1828. La acusación fue rechazada.

Tras las tres acusaciones contra Carlos Ibáñez del Campo, el 18 de marzo de 1939 se acusó constitucionalmente al expresidente Arturo Alessandri Palma. El libelo, que se dio cuenta 10 días después, establecía su responsabilidad en los sucesos del 5 de septiembre de 1938, en que resultaron “más de 73 jóvenes obreros y estudiantes asesinados por las fuerzas de policía encargadas de sofocar su motín”.

Tales sucesos fueron conocidos como “Matanza del Seguro Obrero”, por el lugar donde fueron encerradas y acribilladas las víctimas, pertenecientes al partido nacionalsocialista chileno, como resultado de la represión policial, de la cual el propio Presidente de la República, Arturo Alessandri, declaró que asumía la responsabilidad. Luego de un amplio debate en el Congreso, fue puesta en votación la acusación, siendo ella rechazada por 66 votos contra 53 y la abstención de dos diputados.




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