En la resolución se da cuenta de los privilegios que poseen las empresas sanitarias, como el tener asegurado un 7% de ganancias sobre activos como mínimo; y la poca inversión realizada, respecto de lo recomendado.
Solicitar al Presidente de la República que inicie un proceso de evaluación, a fin de modificar los modelos de concesiones de agua potable vigentes y tender hacia un sistema donde los servicios de agua y saneamiento sean financiados y gestionados públicamente es el objetivo de la resolución 681, aprobada por la Sala de la Cámara por 90 votos a favor, 23 en contra y 33 abstenciones.
En el texto se explica que, en el año 1998, bajo el gobierno del Presidente Eduardo Freí, se dictó la Ley 19.549, que modificó el régimen jurídico de las empresas sanitarias estatales, permitiendo la transferencia de hasta un 65% de la propiedad de las empresas al sector privado. Bajo este modelo se privatizaron las empresas sanitarias más grandes del momento: EMOS (RM), ESVAL (Valparaíso), ESSAL (Los Lagos), ESSBIO (Concepción)).
Posteriormente, en la administración de Ricardo Lagos se permitió la transferencia de la totalidad de la propiedad y se cambió el modelo de privatización, pasando a un modelo de concesiones por 30 años. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, se agrega en el documento, se avanzó en la privatización, manteniendo el control estatal de solo un 5% a través de Corfo.
Se resalta que con la figura de la "Transferencia del Derecho de Explotación de las Concesiones Sanitarias", una empresa privada obtiene la concesión y las inversiones en infraestructura por un periodo de tiempo establecido de 30 años, con lo que la empresa tiene el derecho a cobrar las tarifas y hacer las inversiones necesarias para dotar de todos los servicios sanitarios a la población que atiende.
Entre el año 2001 y 2004, se cota, se concesionaron los servicios sanitarios del resto del país, salvo en Maipú, donde quedan a cargo de una empresa municipal.
Adicional a lo anterior, desde la dictadura existe un decreto que asegura un 7% de ganancias sobre activos como mínimo para las empresas sanitarias.
"Como resultado de estas políticas, al año 2017, un 95,8% de la población chilena utiliza servicios privados de agua. Esto contrasta con la situación a nivel mundial, donde más del 90% de los servicios de agua y saneamiento son financiados y gestionados públicamente, según señala la ONG Canadiense Blue Planet Project", se remarca en la resolución.
Por último, entre otros antecedentes, se explica que, al año 2014, Aguas del Valle había invertido tan solo un 49% del mínimo recomendado, mientras que Essbio y Esval llegaron a un 75% y 64%, respectivamente.
La resolución fue planteada a la Sala por los RD Pablo Vidal y Catalina Pérez; PL Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales; PPD Carolina Marzán y Ricardo Celis; y PS Fidel Espinoza.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS