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Tras un fuerte debate diputados despachan proyecto que reestructura la salmonicultura del sur de Chile

Publicado el 20 de mayo del 2009

Con fuertes críticas a los empresarios salmoneros y a los organismos fiscalizadores estatales por no detener a tiempo los estragos causados por el virus ISA, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado un proyecto de ley que detiene transitoriamente las concesiones acuícola y obliga a los privados a desarrollar su labor en forma cooperativa en "barrios" concesionados.

El texto legal (Boletín 6365) fortalece las facultades del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), aumenta las sanciones para quienes contravienen las normas legales y eleva en forma gradual el monto de las patentes acuícolas, que hoy ascienden a 2 UTM (unos 70 mil pesos al año).

Las patentes se elevarán de acuerdo al siguiente calendario:


a) En el año 2010: 4 UTM por hectárea;
b) En el año 2011: 6 UTM por hectárea;
c) En el año 2012: 8 UTM por hectárea;
d) A partir del año 2013: 10 UTM por hectárea.

El aumento del valor de las patentes implicará desde el año 2013 mayores ingresos fiscales por aproximadamente 105.000 UTM (unos 4 mil millones de pesos anuales). Estos recursos serán distribuidos en igual porcentaje entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y las Municipalidades de las comunas en que estén ubicadas las concesiones o autorizaciones de acuicultura.

Votaciones

El proyecto fue aprobado en general por 92 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. Hubo seis votaciones separadas para votar en particular frases o artículos comprendidos en el proyecto de ley. Uno de ellos busca proteger a los trabajadores afectados por despidos, señalando que “se propondrá una normativa especial que regule los efectos laborales” de la futura ley.

Debate

Durante la discusión en la Sala los diputados de gobierno y oposición cruzaron acusaciones por las responsabilidades en la introducción del virus ISA que ha afectado duramente a las salmoneras de la Décima Región. Los primeros responsabilizaron al afán de lucro y al individualismo de los empresarios, mientras los segundos culparon del fenómeno a la nula acción de los organismos fiscalizadores.

Cabe señalar que el virus afecta principalmente al llamado salmón “atlántico”, que representa el 50% de la producción del total y que bajará 70% respecto a la cima alcanzada en 2006. Este salmón es el que más efecto tiene en el empleo, por exportarse con mayor valor agregado, y se estima que la industria se recuperará en no menos de dos ciclos (cuatro años).

Las medidas dispuestas por la iniciativa legal sólo aminoran los riesgos de propagación del virus, pues hasta hoy es imposible impedirlo, como se ha demostrado en las Islas Feroe, que eliminaron toda su producción salmonera y aún así han aparecido nuevos brotes. Además, las vacunas tienen una duración limitada, hasta que los peces generan su antivirus.

Cambio en la gestión empresarial

El proyecto de ley establece una administración coordinada de los productores por barrios y no como la actual, individual, en la que no existían incentivos ni castigos para cumplir las normativas sanitarias.

Por ello, el texto aumenta las multas, las que se aplicarán antes de que se pueda reclamar en tribunales. Además, se regulan el transporte y los períodos de extracción común, con descansos de tres meses para sanear el lugar.

Limitan concesiones

El texto limita la autorización de nuevas concesiones salmoneras en la Décima Región y en el caso de la Décimo Primera se las limita por 2 años. Asimismo, las causales de caducidad de las concesiones se vuelven más estrictas, ya que se caduca la concesión con tres informes negativos respecto a la condición anaeróbica (índice de oxígeno) de los lagos en que se practique la acuicultura.

El proyecto también permite que se descuente hasta el 33% del aumento del costo de la patente si se usa a lo menos el 90% de la franquicia tributaria en capacitar a los trabajadores. El beneficio es intransferible a otras industrias.

Sanciones

El texto detalla las causales de sanciones que se aplicarán a las salmoneras:

“a) Sembrar ejemplares en el centro de cultivo sin contar con la información ambiental evaluada por el Servicio, dentro del plazo establecido en el reglamento;

“b) No dar cumplimiento a las condiciones de densidad o descanso en los centros de cultivo o la coordinación de las mismas en las áreas de manejo sanitario, dispuestas de conformidad con la ley y sus reglamentos.

“En los casos antes señalados, el titular del centro de cultivo objeto de la infracción será sancionado con multa entre 2.000 y 3.000 UTM.

“En el evento que se incurra en una segunda oportunidad en alguna de las infracciones antes señaladas en el plazo de cuatro años, el titular del centro de cultivo objeto de la infracción será sancionado con la suspensión de operaciones por el plazo de tres años. Se caducará la concesión o autorización respectiva, al titular de la misma que no dé cumplimiento a la suspensión de operaciones antes indicada", señala el proyecto.

Añade que "la suspensión se hará efectiva a partir de la fecha de notificación de la resolución de la Subsecretaría que la impone. No obstante, en los casos en que existan ejemplares en cultivo a dicha fecha, la suspensión será aplicada a partir de la cosecha de éstos, quedando prohibido el nuevo ingreso de ejemplares”.

Practicas anti sindicales

El proyecto también sanciona a las salmoneras que sean condenadas “en tres ocasiones, en un plazo de tres años, contados desde la primera sentencia ejecutoriada, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador”. Este artículo fue rechazado por la Comisión de Hacienda, pero fue repuesto en la Sala con 58 votos a favor, 32 en contra y 4 abstenciones.

Concesiones a pescadores artesanales

El texto establece que en el plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la ley, se establecerán áreas apropiadas para la acuicultura en las regiones X, XI, XII y XIV cuyo objetivo será el otorgamiento de concesiones de acuicultura exclusivamente a organizaciones de pescadores artesanales o de trabajadores despedidos de la industria de la acuicultura.

Estas concesiones serán intransferibles, no serán susceptibles de negocio jurídico alguno y estarán exentas del pago de la patente única de acuicultura por los tres primeros años, contados desde la entrega material de la concesión. A partir del cuarto año, estas concesiones pagarán 2 UTM por hectárea.

Cambia el modo de operación de la industria

El proyecto de ley cambia la operación de la industria, de manejo por centro al manejo por área (“barrios”), que ya fueron creados por reglamento administrativo.

Actualmente cada centro genera su propio sistema de transporte de servicios, alimentos, mortalidades, siembra y cosecha según su propia planificación, no hay un “descanso” coordinado en los centros de cultivo y, por ello, el virus ISA sigue en el agua mientras existan ejemplares en ella.

16 barrios

La iniciativa legal crea 16 barrios o áreas sanitarias en la región de Los Lagos, con 3 millas de distancia, como mínimo, entre cada uno de ellos. La estructura de barrios se estima que va a impedir la concentración de la propiedad de las concesiones en pocas manos.

Paraliza las concesiones

Hasta que sean creados los “barrios”, el proyecto paraliza el otorgamiento de concesiones en las regiones de Los Lagos y de Aysén; aplica análogo procedimiento respecto de Magallanes, sumándose en este caso el requisito de la zonificación, y otorga nuevas concesiones en Aysén y Magallanes sólo bajo la modalidad indicada. Además, permite la relocalización de concesiones ya otorgadas para formar barrios.

Más facultades fiscalizadoras para Sernapesca

El proyecto de ley autoriza al Servicio Nacional de Pesca a llevar un registro de quienes realizan certificaciones ambientales y sanitarias, sometidos a requisitos técnicos y financieros, con la posibilidad de eliminarlos si no cumplen sus tareas o incurren en falsedad.

Asimismo, faculta al servicio para exigir posicionador satelital a las embarcaciones de transporte de centros de cultivo y para controlar las plantas de alimentos de especies hidrobiológicas. Además, autoriza labores inspectivas fuera de horario, pagadas por el fiscalizado, conforme a un arancel.

Miércoles 20 de mayo de 2009