Noticias

Reforma constitucional que garantiza que las aguas son un bien de uso público fue aprobada en Comisión de Agricultura

Publicado el 14 de enero del 2010

La instancia parlamentaria sesionó este miércoles en la mañana y en la tarde, cumpliendo con la suma urgencia puesta por el Ejecutivo a esta iniciativa que reforma la Constitución para definir a las aguas como bienes nacionales de uso público.

El texto legal fue aprobado por 8 votos a favor de los diputados Esteban Valenzuela (IND), Ramón Farías (PPD), Marco Antonio Núñez (PPD), José Pérez (PRSD), Alejandra Sepúlveda (IND), Alejandro Sule (PRSD), Guillermo Ceronni (PPD) y Jorge Sabaj (DC); 3 votos en contra de los diputados UDI, Ramón Barros, Ignacio Urrutia y Juan Lobos y 1 abstención del diputado Rosauro Martínez (RN).

El proyecto de ley (boletín 6816) modifica el artículo 19 de la Carta Fundamental, relativo a los derechos y deberes constitucionales, estableciendo que “las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares”.

El Ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, valoró que la Comisión de Agricultura haya aprobado el proyecto y dijo que “se ha dado un paso histórico al dar luz verde para que el agua en la Constitución se establezca como un bien nacional de uso público y termine el concepto del agua como una mercancía que regula el mercado”. Señaló también que con esta reforma se podrá regular y pensar en el interés de la ecología, del agua potable y de los pequeños agricultores.

El representante del Ejecutivo dijo que la idea es también regular por ley condiciones más específicas, como corregir la situación que hoy se da con los derechos de aguas que no son utilizados. “Se puede establecer una forma de extinción la caducidad de los derechos, la que puede regularse al igual que la minería, por Ley Orgánica, de manera que de la certeza que estamos transmitiendo a todos que nuestro propósito es usar el agua para fines productivos”, señaló.

El presidente del grupo parlamentario, diputado José Pérez (PRSD), destacó la celeridad con la que la Comisión aprobó el texto y añadió que es una señal positiva ya que “no es posible que haya empresas que tengan derechos de aguas y no pagan ni un peso al Fisco y no están llevando a cabo los proyectos que inicialmente habían programado”, por lo que sostuvo que éste bien del Estado hay que regularlo para que podamos hacer un mejor uso del agua.

Asimismo, aclaró que lo importante es preocuparse porque los habitantes de todo Chile tengan asegurado el consumo de agua potable; instalar agua potable rural en los sectores en que se necesita y que se privilegie a los pequeños agricultores para un riego cada vez más tecnificado y por último, tratar que las aguas que hoy se van al mar queden en embalses.

Presunta expropiación a pequeños agricultores

Los diputados que votaron en contra de la iniciativa señalaron que éste proyecto de ley posee como trasfondo la intención de expropiación de los derechos de aguas de los pequeños y medianos agricultores. Así lo señaló el diputado Urrutia, quien dijo que “les quieren quitar los derechos de aguas sin pagarles y eso se llama expropiación sin pago y en eso yo estoy en desacuerdo”.

Sin embargo, la diputada Sepúlveda, que votó a favor de la reforma, dijo que tal afirmación no posee ningún sustento y que “aquí no estamos hablando de expropiación, aquí estamos hablando de cómo el Estado es capaz de regular los derechos de aguas, lo que estamos haciendo siempre es buscar derechos de aguas que precisamente los pequeños agricultores puedan obtener”.

Además, el diputado Barros criticó la urgencia puesta por el Gobierno para la aprobación de la iniciativa. “Por qué a los parlamentarios se nos pretende hacer legislar en horas, sin la incursión de personas que nos puedan ilustrar mayormente, sin la posibilidad de interactuar a objeto de introducir indicaciones que nos parecen razonables, y yo siempre he creído y eso esta claro, que este proyecto esta incidiendo en un tema de orden electoral”.

A las críticas se unió Eduardo Riesco, Fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien señaló estar en absoluto desacuerdo con el proyecto debido a que hoy día sobre el derecho de aprovechamiento del agua existe propiedad y “trasformar esto en una situación precaria, en donde este derecho podría reemplazarse por un simple permiso revocable o por plazo fijo, simplemente no nos parece que sea lo adecuado”.

El texto legal será ahora analizado por la Comisión de Constitución, antes de ser remitido a la Sala.

Jueves 14 de enero de 2010