CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Como indispensable para el país y para las necesidades energéticas de Chile calificaron los representantes de Transelec S.A y de las Empresas Eléctricas A.G el proyecto del Ejecutivo (boletín 8270) que modifica los procedimientos para otorgar concesiones eléctricas, facilitándolos y agilizándolos.

El consultor senior de Transelec S.A., Fernando Abara, sostuvo que el actual procedimiento de concesiones ha quedado obsoleto frente al nuevo escenario regulatorio y a las demandas de mayor seguridad de suministro y con la entrada de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Recalcó que la presente iniciativa es independiente del proyecto de carretera eléctrica (en estudio en el Senado), pero complementario. Además, planteó que sus efectos son sobre todo tipo de líneas y no sólo sobre las troncales.

Dijo que el retraso en la concesión se traduce en dificultades en el cumplimiento de los plazos establecidos en los decretos de adjudicación y en la evaluación de los proyectos frente a incertidumbre del momento en que se obtendrá la concesión y servidumbres. Asimismo, se producen acciones legales que paralizan las obras, en tanto no se tiene la concesión, privándose de una herramienta para evitar enriquecimientos injustificados producto de especulaciones; y los mayores costos de las servidumbres se traspasan a todos los usuarios vía incremento de tarifas.

En contraposición, indicó que el proyecto permite la entrega de un instrumento indispensable para obtener legítimamente el uso del suelo a un justo precio; evita traspasos de riqueza sin causa justificada en perjuicio del cliente final; facilita la solución de conflictos con los propietarios de los predios afectados (por ejemplo, para realizar obras o tareas de mantenimientos); disminuyen los riesgos de los proyectos, por lo que aumenta el interés de nuevos entrantes y la competencia en el segmento de transmisión; baja el costo de la energía, debido a que evita las congestiones y permite a los generadores llegar a los centros de consumo a precios más económicos, incluyendo los proyectos de las ERNC.

En todo caso, estimó necesario mejorar el sistema de notificaciones por avisos, por la vía de hacer objetivo el haber «agotado» las otras vías de notificación, es decir, la notarial y la judicial normal. Además, pidió darle mérito probatorio a la certificación notarial o de receptor judicial de haberse agotado las vías normales de notificación, para que el juez autorice la notificación por avisos.

Asimismo, llamó la atención de la posible colisión con otras concesiones o derechos. En este sentido, dijo que el arbitraje forzoso no resuelve el problema de la especulación y paralización de proyectos y que se debe precisar que debe preferirse la concesión que haya constituido servidumbres o que las obras están en actual ejecución material para evitar las especulaciones.

También solicitó establecer nuevos plazos faltantes en el proyecto (dar traslado de las observaciones y oposiciones en las concesiones provisionales; para notificar al Ministerio de Bienes Nacionales, cuando la línea atraviesa bienes fiscales, por ejemplo); mejorar la protección al concesionario una vez constituidas las servidumbres; y facultar al SEC para que pueda ordenar el acceso a predios con los cuales ya se han constituido las servidumbres voluntarias o legales, para la ejecución de las obras o para el mantenimiento.

Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G, reconoció que el proyecto va en directo beneficio de las compañías del rubro, al facilitar los procesos de las concesiones, sin embargo, recalcó que ello, finalmente, tiene por objeto dar mayor seguridad al servicio y, por ende, beneficiar a los usuarios del sistema.

Asimismo, recalcó que, por esta vía, se podrán acortar a la mitad los procedimientos, lo que facilitará la instalación de sistemas de líneas transversales que harán más operativas a las generadoras ubicadas lejos de la red troncal. En este sentido, planteó que los que más se han opuesto al proyecto de carretera eléctrica, desde el mundo industrial, son los generadores térmicos, porque el actual sistema de planificación de la transmisión los beneficia a ellos y perjudica al resto.

“Es pro de cualquier sistema de generación de no sea término y no tenga la posibilidad de ubicarse cerca del sistema troncal y por esa vía quedar con una ventaja”, sentenció.

Sostuvo que las concesiones son ahora un proceso sin certezas (conforme a los tiempos involucrados, esto es, cerca de 450 días promedio; y altamente judicializado) y que el proyecto permitirá efectuar procedimientos de manera más expedita, esclarecer hitos, facilitar el acceso de las ERNC al sistema interconectado, destrabar y acelerar la construcción de diversas obras de transporte y reducir las tarifas a clientes finales.

Opiniones

El diputado Felipe Harboe (PPD) llamó a poner atención en el sistema de notificaciones por aviso y fijar un mecanismo con mayor publicidad, para que efectivamente se enteren las personas afectadas; y pidió realizar un análisis más acucioso sobre la facilitación de algunos procesos, como permitir la toma de una franja de un predio, aun cuando existan recursos pendientes. “Entiendo que el objetivo es evitar la dilación de los procesos, pero mi percepción es que no debemos cometer los mismos errores que los de la legislación ambiental”, planteó.

El diputado Juan Carlos Latorre (DC) encaró a las empresas eléctricas a que respondan por qué el Estado de Chile debe facilitar a la industria que a través de un proyecto de ley los proyectos efectivamente se puedan realizar en corto plazo, sin que se pueda definir un tiempo limitado de la concesión. En este plano estimó necesario realizar un paralelo con las concesiones de carreteras, en que, después de un determinado tiempo de recuperada la inversión, el Estado incorpora la obra a su propiedad.

El presidente de la Comisión, diputado Manuel Rojas (UDI) consideró que, tras la exposición de la industria, se percibe la validez del proyecto en cuanto medio para agilizar un conjunto de procedimientos que viabilizarán la puesta en marcha de más centrales y su efectiva conexión al sistema interconectado.

Sin embargo, dijo estar dispuesto a realizar un debate en torno a lo planteado por el diputado Latorre. “Creo que hay un punto relevante a no mediar en una discusión más profunda, porque, efectivamente, la propiedad, el gasto, la agilidad, los beneficios, no son para el Estado directamente, sino que son para las empresas y sus proyectos, que pueden ir en beneficio de la comunidad, pero que a diferencia de las obras de carreteras, con el tiempo no quedan para el Estado. Es algo que se debe analizar, más aún cuando tengo conciencia que hoy el Estado chileno no participa de la planificación del desarrollo energético del país”, enfatizó.