El proyecto de acuerdo sobre la Asociación de Ahorro y Préstamos pretende acreditar a las personas afectadas por el incumplimiento de pagos de la Caja Central que se arrastran hace décadas.
Por 40 votos, la Cámara aprobó el proyecto de acuerdo Nº 672, solicitando una ley especial que regularice la situación de ahorrantes del sistema nacional de ahorro y préstamos.
La iniciativa fue presentada por los diputados comunistas Guillermo Teillier y Hugo Gutiérrez, además de los parlamentarios Alberto Robles (PRSD), Marcelo Díaz (PS), Rodrigo González (PPD), Pedro Velásquez (IND) y Aldo Cornejo (DC).
Los autores de la iniciativa presentaron como principal antecedente, que el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (SINAP) de Chile fue un sistema financiero creado con el fin de la adquisición de viviendas por medio de un sistema de ahorro. Funcionó entre 1960 y 1980 y estaba compuesto por la SINAP y por la Caja Central de Ahorro y Préstamo.
El entonces Presidente Jorge Alessandri creó un sistema de ahorro y préstamos para la vivienda, al amparo del cual se crearon varias Asociaciones de Ahorro y Préstamos constituidas para adquirir una casa propia. Estas últimas eran instituciones privadas, bajo la forma de sociedades mutuales encargadas de la captación de clientes bajo depósitos de ahorros. La administración del AAP estaba a cargo de un directorio electo por la Asamblea de Depositantes, quienes emitían títulos de deuda denominados Valores Hipotecarios Reajustables (VHR).
Si bien el SINAP dejó de funcionar en 1980 al suspenderse el otorgamiento de préstamos para vivienda de la ANAP, el Banco Central asumió las obligaciones económicas de la primera y en 1990 se dicta una ley que pone término a la existencia de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo.
En consecuencia, la Caja debía pagar en un plazo de tres años las obligaciones de la Asociación. De igual modo, estableció que el Presidente de la República debía recibir cuenta de la Caja para efectos de proceder a la liquidación a través del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, hasta la fecha lo anterior no se ha hecho. Es así como alrededor de 67 mil chilenos mantienen sus ahorros retenidos desde el 16 de enero de 1990, depositados en su oportunidad en alguna de las ex Asociaciones de Ahorro y Préstamo.
El dinero recuperado por la ANAP, originado en la cobranza de los préstamos hipotecarios otorgados fue depositado provisoriamente en la Tesorería General de la República, y su devolución se haría efectiva, una vez que el Jefe de Estado aprobara la rendición de cuenta en las liquidaciones practicadas.
No obstante lo anterior y tal como se ha hecho presente en dichos pronunciamientos, corresponde al Ministerio de Hacienda adoptar con la mayor prontitud posible las medidas para que se subsanen los inconvenientes que impiden el cumplimiento de la obligación.
Asimismo, los reiterados pronunciamientos de la Contraloría señalan de una u otra forma, que el mecanismo idóneo para abordar este problema proviene del Ministerio de Hacienda.
En virtud de lo anterior, la Cámara de Diputados acordó solicitar una ley que permita acreditar las personas afectadas por el incumplimiento de pagos de la Caja Central de Ahorros y Préstamos en un plazo no mayor de 180 días y formular un mecanismo de pago de estas deudas en un plazo no superior a dos años desde la presentación de los antecedentes, reconociendo al mismo tiempo, la titularidad de este derecho en los herederos.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS