En la primera etapa de la sesión se dio lectura a los alcances del libelo acusatorio en contra del Ministro Harald Beyer, así como los descargos de la autoridad, los cuales fueron recibidos anoche. Posteriormente intervinieron los cuatro profesionales académicos, quienes apoyaron la tesis de la parte acusatoria.
Con la lectura del libelo acusatorio, la comunicación de los descargos del imputado y el testimonio de cuatro abogados-académicos de la Universidad de Chile se dio hoy por iniciado el ciclo de análisis y audiencias de la Comisión de la Cámara de Diputados que analiza la acusación constitucional en contra del Ministro de Educación, Harald Beyer.
El diputado Rodrigo González (PPD), a nombre del grupo de diputados que presentó la acusación, leyó al inicio del encuentro los principales puntos que se objetan a la autoridad, en tanto que el secretario de la Comisión, abogado Juan Pablo Galleguillos, dio lectura a los descargos del Ministro, los cuales fueron recibidos en horas de anoche.
Como primeros invitados fueron recibidos los abogados Carola Canelo, Joaquín Polit, Eduardo Palma y Miguel González, quienes entregaron antecedentes tanto desde el punto de vista académico como jurídico, basados en estudios particulares que ellos realizaron y que, según informaron, se los hicieron llegar al Ministro.
“A nuestro juicio, él (Beyer) no está a la altura de un cargo ministerial porque él ha incurrido en una infracción reiterada de la Constitución y las leyes y porque ha dejado en inejecución una serie de leyes que lo obligan a fiscalizar las universidades privadas creadas con posterioridad de 1981”, afirmó Carola Canelo.
Eduardo Palma resaltó que, tanto él como otros profesionales del área, solicitaron al Ministro que investigara y sancionara el lucro de determinadas universidades privadas, petición que no respondió sino muchos meses después indicando que no tenía facultades.
Joaquín Polit destacó que, junto con las solicitudes de investigación, se le recalcó al Ministro en junio de 2012 que tenía facultades para fiscalizar la situación de lucro de las 62 universidades privadas creadas con posterioridad de 1981. Explicó que el artículo 64 del DFL Nº 2, Ley General de Educación, establece que el Ministro puede iniciar investigación y llegar a la cancelación de la personalidad jurídica de una casa de estudio superior cuando se infringen gravemente los estatutos de una corporación educacional, como sería la persecución de fines de lucro.
Los profesionales criticaron particularmente que no se actuara con celeridad y se obviaran tanto antecedentes como recomendaciones del mundo académico, las cuales terminaron por ser efectivas, como se demostró al aplicar la citada norma para el caso de la Universidad del Mar.
Diputados
El diputado Fuad Chahín (DC) destacó que los académicos “fueron muy categóricos en señalar que el Ministro de Educación no es apto para el cargo porque ha infringido los principios de probidad administrativa, de celeridad y de inexcusabilidad que tiene que cumplir como titular de un cargo público”.
Dijo que, de la misma manera, se señaló que Harald Beyer dejó de cumplir la Ley, porque no ha ejercido su deber y facultad de fiscalización. “Acá se le hizo una solicitud formal de investigación, la cual simplemente no se tramitó por parte de Ministro. Tenemos un Ministro que dice que no tiene facultades o que son escasas, cuando ha quedado acreditado que tiene facultades amplias para cancelar la personalidad jurídica de las corporaciones y fundaciones que son universidades privadas. Estamos frente a un Ministro que no ha querido ejercer sus facultades para poder seguir permitiendo el lucro y la infracción fragante de la Ley por parte de estas universidades”, planteó.
El diputado González valoró que todos los profesores señalaron que el Ministro Beyer infringió la Constitución y las leyes en la medida que omitió acciones que debió cumplir y, al mismo tiempo, no efectuó la fiscalización que debió haber hecho en relación con una norma fundamental del sistema universitario, que es que las universidades deben ser sin fines de lucro.
El presidente de la Comisión, Cristian Letelier (UDI), en una visión distinta, estimó que el testimonio de los juristas permitió aclarar que todos los negocios, todo el lucro que hoy se acusa, fue bajo los Gobiernos de la Concertación. “Siete universidades fueron vendidas y se infringió sus estatutos y hubo lucro y las autoridades de la época no la fiscalizaron”, comentó.
Resaltó que también pudo determinarse que el Ministro tiene facultades “superficiales” para fiscalizar y que quienes debieron ejercer dicha función fueron la División de Educación Superior y el Consejo Nacional de Educación, “que no hicieron su trabajo en el tiempo de la Concertación”.
El diputado informó que la Comisión continuará mañana, a partir de las 10:00 horas, con las audiencias públicas, estimándose su cierre el próximo lunes 1 de abril, con la participación del Contralor Ramiro Mendoza.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS