La iniciativa, presentada por diputados oficialistas, busca regularizar las calificaciones que no cumplieron con el requisito de acreditar la relación laboral o funcionaria con las instituciones o empresas establecidas por la ley.
Dando cuenta de las últimas informaciones conocidas por la opinión pública, un grupo de diputados del oficialismo, encabezados por Karla Rubilar (RN) y Gustavo Hasbún (UDI), presentó una moción (boletín 8978) que permite revisar y anular beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos.
El proyecto, enviado a la Comisión de Trabajo para su análisis, fue ingresado a trámite el pasado 5 de junio por la diputada Rubilar y el diputado Hasbún, junto a los diputados RN Germán Becker, Mario Bertolino, Pedro Browne, Cristián Monckeberg y Leopoldo Pérez, y a los diputados UDI José Antonio Kast, Cristian Letelier y Felipe Salaberry.
La propuesta, que modifica la Ley 19.234, que estableció beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos, plantea conceder a la autoridad administrativa la facultad de revisar y, si corresponde, dejar sin efecto, la calificación de exonerado político, cuando se determine que dicha calidad ha sido obtenida sin cumplir la exigencia legal de acreditar debidamente la relación laboral o funcionaria invocada.
El proyecto indica que ambas facultades (revisión y anulación) serán entregadas al Presidente de la República, quien las ejercerá por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Los legisladores recordaron que el pasado 9 de mayo, la Contraloría General de la República emitió un informe en el que cuestionó la calificación de exonerado político de unas tres mil personas, de un total aproximado de nueve mil casos estudiados. El informe, acotaron, cuestiona la falta de rigurosidad en el análisis de los requisitos de calificación con el consecuente daño patrimonial para el Estado.
“Este informe ratifica parte de las irregularidades detectadas por la Subsecretaría del Interior en la revisión de 50.000 carpetas de acuerdo a un informe fechado en abril de 2012”, destacaron.
Estimaron que ante la contundencia de las irregularidades ratificadas por la Contraloría, se hace necesario restablecer el imperio del derecho, permitiendo a la administración dejar sin efecto las resoluciones que concedieron la calidad de exonerados políticos cuando éstas no cumplieron con la exigencia legal de acreditar debidamente la existencia de la relación laboral con la administración del Estado, sus instituciones, empresas, o empresas privadas intervenidas.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS