La iniciativa, presentada por un grupo transversal de diputados, entregará la especial calificación a las personas cuyos nombres aparecen incluidos en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, de la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, así como en otros textos de comisiones de la misma naturaleza que pudieran crearse.
Buscando subsanar un problema real manifestado en las últimas elecciones municipales, en donde aparecieron en los listados del Servicio Electoral como personas vigentes para votar nombres de víctimas detenidas desaparecidas, un grupo de diputados de oposición, encabezados por Sergio Aguiló (IC), presentó un proyecto (boletín 9005) que propone reconocer jurídicamente el carácter de víctimas de desaparición forzada, a personas que sufrieron tal práctica de represión durante la dictadura.
La moción, enviada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis, fue ingresada a trámite legislativo el pasado 2 de julio por el diputado Aguiló junto a los diputados Nino Baltolu (UDI), Tucapel Jiménez (PPD) y Hugo Gutiérrez (PC) y a la diputada Ximena Vidal (PPD).
Los legisladores recalcaron que, en las citadas elecciones, quedó en evidencia la falta de reconocimiento, por parte de los poderes del Estado, de las víctimas de la desaparición forzada. “Si existiese el reconocimiento alegado, las víctimas de la desaparición forzada no habrían sido incluidas en los listados del Servicio Electoral. No asumir estos hechos, no reconocer la condición de víctima de desaparición forzada, hace que, una vez más, los familiares deban sufrir este atentado emocional en que no solo se resiente este aspecto, sino además, pone en evidencia la falta de justicia”, resaltaron.
Específicamente, la moción propone modificar la Ley 20.377, sobre Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada, con el objeto de reconocer jurídicamente el carácter de víctimas de desaparición forzada, a personas que sufrieron tal práctica de represión durante la dictadura cívico-militar, verificada en nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y que fueron calificadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura y otras comisiones que en el futuro pudiesen crearse.
El proyecto detalla que, para concertar la calificación, deberá atenderse a la nómina sistematizada que el Programa Continuación, de la Ley 19.123, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha conformado; y fija la obligación para todo órgano del Estado de velar porque en sus registros se considere explícitamente el carácter de víctima de desaparición forzada de las personas que se encuentren en la situación antes descrita.
Finalmente, la norma indica que el reconocimiento jurídico entregado por esta ley permitirá también su uso para los efectos de transferir los bienes del desaparecido y, en su caso, disolver el matrimonio con su cónyuge sobreviviente.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS