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Proponen establecer sanciones en el caso de que los oficios de fiscalización no sean respondidos en los plazos respectivos

La moción, presentada por un grupo transversal de legisladores, define un plazo de 10 días hábiles para responder, contados desde su recepción, pudiendo ampliarse por otros 10 días, siempre y cuando se solicite antes del vencimiento del primer término. En caso que el oficio no sea efectivamente respondido se aplicarán a la autoridad o al jefe superior del servicio multa de 20% a 50% de su remuneración y, eventualmente, suspensión en el cargo por cinco días.

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