A través de un proyecto de resolución, los diputados llaman al Gobierno a reconocer y superar las diferencias laborales y remuneracionales de las funcionarias que operan en establecimientos municipales que son financiados por transferencias directas del Estado a través de la Junji.
Por 45 a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 15 de julio el proyecto de resolución 87 por medio del cual se le encomienda a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que envíe una propuesta legal que permita a los municipios contratar personal que se rija por la normativa del Código del Trabajo, en los jardines infantiles que operan bajo la modalidad de la transferencia de fondos.
La propuesta original fue presentada el pasado martes 17 de junio por el diputado DC Claudio Arriagada junto a sus compañeros de partido Víctor Torres, René Saffirio y Sergio Espejo y a los diputados independientes Gabriel Boric y Alejandra Sepúlveda; PPD Cristina Girardi y Loreto Carvajal; y UDI Felipe De Mussy. Además, firmaron como adherentes los diputados RN Nicolás Monckeber y Jorge Rathgeb; independientes Joaquín Godoy y Giorgio Jackson; DC José Miguel Ortiz y Jaime Pilowsky; PPD Felipe Letelier, Pepe Auth, Jorge Tarud y Rodrigo González; PC Guillermo Teillier; UDI Claudia Nogueira; PS Marcelo Schilling; e IC Sergio Aguiló.
Los legisladores recordaron que, actualmente, se está tramitando en la Cámara de Diputados un proyecto del Ejecutivo que introduce modificaciones a la planta de personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), que no incluyó una mejora en las condiciones de los funcionarios que operan en jardines y salas cunas administrados por las municipalidades y que son financiados a través de transferencias entregadas directamente desde la Junji.
“Los jardines infantiles y salas cunas que operan bajo esta modalidad prestan un gran servicio a la comunidad, especialmente a los sectores más carenciados de nuestra sociedad, ya que expresamente la ley sostiene en los objetivos de la transferencia de fondos la educación parvularia integral de los niños y niñas que se encuentren en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social, es decir, aquellos cuyas familias pertenezcan al primer, segundo y tercer quintil. Además, hay que señalar que estos establecimientos han venido a aumentar ostensiblemente la cobertura de la educación preescolar en Chile”, destacaron.
Explicaron que la Asociación Nacional de Trabajadores de Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos ha señalado desde hace años las malas condiciones laborales y de remuneraciones en las cuales se desempeñan, por lo que llegan a sostener que son las “hermanas pobres” de la Junji.
En este plano, consideraron que es de toda justicia que los municipios puedan contratar personal en mejores condiciones para los jardines infantiles de esta modalidad, “por lo que se debe dotar de las herramientas legales a fin de que se permita la contratación bajo las normas del Código del Trabajo en estos centros educacionales, uniformando de esta forma las plantas funcionarias con los demás trabajadores de la administración municipal”.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS