El libelo fue presentado por 10 diputados, y se origina en las conclusiones de la comisión que investigó los hogares del Sename, que apuntan a la responsabilidad del ministro Carreño en el ocultamiento de un informe elaborado por el Poder Judicial y la Unicef, en que se detectaron casos de vulneración de derechos esenciales de menores en estos recintos.
Una acusación constitucional en contra del Ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, presentaron los diputados René Saffirio (DC), Fidel Espinoza (PS), Iván Flores (DC), Tucapel Jiménez (PPD), Ricardo Rincón (DC), Luis Rocafull (PS), Maya Fernández (PS), Cristina Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandra Sepúlveda (Ind).
La Constitución establece que a la Cámara de Diputados le corresponde analizar la procedencia de las acusaciones constitucionales. Si ésta procede, entonces le corresponde al Senado estudiar el fondo del libelo.
Esta acusación será analizada por una comisión integrada por los diputados José Manuel Edwards (RN), Javier Macaya (UDI), Arturo Squella (UDI), Patricio Melero (UDI) y René Manuel García (RN).
El Reglamento de la Cámara de Diputados dispone un plazo de 3 días para notificar al ministro Carreño. Posteriormente, éste tendrá 10 días para concurrir a la Comisión a presentar su defensa o enviarla por escrito. Luego, la Comisión tendrá 6 días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse a favor o en contra.
Esta decisión no es vinculante para lo que decida la Sala, que deberá pronunciarse tras escuchar al juez Carreño, el que podrá plantear por la vía escrita u oral, la cuestión previa de que esta acusación no cumple con los requisitos que establece la Constitución.
Ilícitos constitucionales
El diputado Saffirio -quien fue presidente de la comisión investigadora por el caso Sename- explicó que “se busca la destitución del ministro Héctor Carreño por su responsabilidad en actos y omisiones que implicaron violaciones flagrantes de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sus acciones u omisiones constituyen ilícitos constitucionales que justifican su destitución".
Por su parte, el diputado Rincón recordó que “la comisión tuvo acceso a decenas de pruebas y casos que involucran la acción u omisión del ministro Carreño; pruebas que están incluidas en el libelo y que esperamos todos los diputados puedan estudiar en su mérito. Son casos que provocaron conmoción nacional y que, al menos en lo personal, generaron la profunda convicción de frenar los abusos y asumir que el Estado debe proteger a estos menores en su totalidad y denunciar cualquier vulneración de sus derechos. Así, al menos, lo hicimos junto al diputado Saffirio denunciando varios casos al Ministerio Público”.
El primero capítulo de la acusación señala que Héctor Carreño no cumplió "con los deberes encomendados" como "responsable de la unidad de apoyo a la reforma de la justicia de familia". Y añade que se abocó a "tareas que exceden las funciones para las que fue nombrado sin apego estricto a la Constitución y a las leyes dictadas conforme a ella, abusando de su posición de superior jerárquico y atendiendo a intereses individuales o de un determinado grupo, y no en servicio de la persona o en razón de lo que es mejor para la comunidad".
Luego, en el capítulo dos, se indica que el ministro "vulneró" sistemáticamente y de forma "grave los derechos fundamentales de las personas en causas de violencia intrafamiliar" desde 2008.
En el capítulo tres se indica: "La conducta del ministro ante la evidencia de malas prácticas de la justicia de familia en la tramitación de las causas de protección de niños, niñas y adolescentes que en el orden judicial se encuentran viviendo dentro del sistema de protección del Estado. Se habla de vulneraciones de los derechos de los niños y ante la situación de riesgo en que estos fueron encontrados dentro del sistema de protección estatal detectadas en estudios realizados entre el propio Poder Judicial y la Unicef".
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS