La iniciativa, derivada a la Comisión de Constitución para su estudio, aumenta el tope máximo de cargos de las sedes y promueve una mejora en las remuneraciones. Asimismo, incorpora nuevos procedimientos al sistema, como la audiencia de conciliación, el trámite de observaciones a la prueba y mejoras en el recurso de reposición administrativa del Código Tributario.
Como consecuencia de la reforma tributaria aprobada el año pasado y en concordancia con un acuerdo alcanzado con el Parlamento durante el trámite legislativo de dicha iniciativa, el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto (boletín 9892) que perfecciona la justicia tributaria y aduanera.
La propuesta legal, derivada a la Comisión de Constitución para su estudio, fortalece la institucionalidad de la justicia tributaria y aduanera a través de la generación de una escala de remuneraciones propia y el aumento en las plantas de funcionarios de dichos tribunales. Según especifica el Gobierno en el mensaje, "lo anterior no sólo refuerza la independencia de estos al establecer un sistema de remuneraciones propio para esta judicatura especial, sino que permite hacerse cargo de mejor manera de dicha especialidad, considerando además, los relevantes cambios introducidos por la reciente reforma tributaria".
Además, el proyecto propone aumentar las plantas máximas de personal hasta 139 cargos (bajo la administración anterior se redujo el tope de 137 a 127 cargos), buscando adecuar las mismas al número y complejidad de causas existentes en los tribunales tributarios y aduaneros del país (se daría más énfasis a las sedes de Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco e Iquique), ello considerando la experiencia recogida con motivo del término de su proceso de instalación a nivel nacional y la vigencia gradual en los próximos años de las distintas medidas aprobadas en la citada reforma.
Asimismo, la iniciativa mejora procedimientos e impulsa la incorporación de nuevas etapas en los mismos que permitan seguir avanzando en una judicatura especializada, que otorgue a los contribuyentes y a los órganos de la Administración del Estado encargados de aplicar las disposiciones legales respectivas y fiscalizar el cumplimiento tributario y aduanero, la mayor certeza jurídica y celeridad necesaria en el desarrollo de sus actividades.
En este contexto, se incorporan nuevas instituciones, como la audiencia de conciliación en los procedimientos tributarios y aduanero y el trámite de observaciones a la prueba; y se perfeccionan otros procedimientos como el caso de la reposición administrativa del Código Tributario.
Finalmente, se establece la tramitación electrónica de causas en los procedimientos tributarios y aduaneros, "lo cual constituye un avance en la incorporación del uso de la tecnología, información y comunicación digital, lo que facilita contar oportunamente con la información y generará, a futuro, un importante ahorro de recursos dada la mayor eficiencia del almacenamiento de datos en medios tecnológicos".
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS