CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

El Departamento de Evaluación de la Ley se encuentra abocada a la revisión de la Ley 20.084, que estableció un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, norma que fue publicada en diciembre de 2005 y cuya última modificación se efectuó el año 2011.

Por ello, en el contexto de recabar antecedentes respecto de su funcionamiento, el Departamento de Evaluación de la Ley realizó, en conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, un coloquio académico para complementar el foro ciudadano efectuado a principios del mes de julio.

El objetivo es poder discernir si es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) la que podría estar fallando o los problemas detectados obedecen a problemas de recursos, circunstancias sociales, trabajo psicológico, aspectos de reinserción o de coordinación intersectorial.

Entre los antecedentes que se han tomado en cuenta, se señala que desde el inicio de la Reforma Procesal Penal y considerando el periodo comprendido entre junio 2007 y diciembre 2014, se han registrado 379.753 casos de responsabilidad penal juvenil.

Cabe señalar, además, que durante las evaluaciones realizadas anteriormente a las leyes de violencia Intrafamiliar y de Drogas, la ley de Responsabilidad Penal Adolescente fue un tema recurrente entre los implementadores e instituciones entrevistadas, quienes manifestaron un alto interés en que esta fuese estudiada.

El presidente del Comité de Diputados para la Evaluación de la Ley/OCDE, Pablo Lorenzini (DC), al presentar este encuentro y sus objetivos, ejemplificó con informaciones de prensa donde se muestra que delitos de robos, por ejemplo, son efectuados por menores con historial de delitos y que pasan por el tribunal y son dejados en libertad, lo cual lleva a que la ciudadanía se pregunte sobre la “llamada puerta giratoria”.

Ante eso, planteó la necesidad de evaluar ciertas leyes, desde la mirada de la gente y las instituciones responsables de su aplicación, que han fundamentado la creación del Departamento de Evaluación de la Ley.

El diputado Lorenzini explicó, asimismo, que además de escuchar a instituciones como el Sename o la Defensoría, esta es la primera vez que formalmente se incluye un encuentro académico. “Queremos no conocer los formulismos, sino la verdad, lo que sale del corazón, los aportes reales, porque lo que queremos es poder mejorar la ley”, enfatizó el parlamentario.

Por su parte, Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la UC, recordó que el año 2011 la universidad tuvo un equipo de investigación cuyo tema era un enfoque de gestión para mejorar la eficacia legislativa y, aunque no tuvo la profundidad que tiene hoy el Departamento de Evaluación de la Ley, sí fue un inicio incipiente. “Sabiendo la importancia que tiene el tema, la evaluación legislativa es un tema de vital importancia, porque de alguna manera, la legitimidad de la democracia está ahí”, señaló Irarrázaval.

Agregó, que se requiere que las leyes sean efectivas y cuestionó la percepción generalizada y cultural en nuestro país que plantea que “con dictarse una ley se soluciona el problema, pero lamentablemente no es así”. Por ello, destacó que el espacio de evaluación es crítico y es un estándar de la OCDE donde Chile está en la vanguardia.

Sobre esta ley, precisó que en las presentaciones confluye el trabajo que han realizado en la universidad en materia de responsabilidad penal, pero también en temas de infancia.

Coloquio Académico

El coloquio contó con la participación de la profesora de Sociología Jurídica y Criminología de la Universidad de Valparaíso, Marcela Aedo, quien también es Doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídico-política de la Universidad Autónoma de Barcelona y Magíster en Sistemas Penales y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona. Aedo desde el año 2003 trabaja en el campo de los derechos de los/as adolescentes infractores y en la actualidad desarrolla estudios relativos a las adolescentes en el sistema de justicia penal juvenil, desde la perspectiva de la criminología feminista.

Asimismo, María Elena Santibañez, doctorada en Derecho de la Universidad Católica y profesora de los departamentos de Derecho Penal y Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, ha realizado investigaciones sobre la aplicación práctica de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, sobre circunstancias calificantes del delito de homicidio, evaluación pericial psicológica de credibilidad de testimonio, entre otras.

Miguel Cillero, por su parte, es profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, abogado de la Universidad de Chile y Doctor en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide, España. Cillero se desempeña como investigador de la Cátedra Santander Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas Madrid y como consultor internacional en justicia penal juvenil.

También intervino la directora de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Carolina Muñoz, quien es doctorada en Política Social de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, Master en Trabajo Social de Boston College, Estados Unidos, y Licenciada en Ciencias Sociales, ILADES / Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Su investigación se centra en políticas públicas; familia, niños, niñas y adolescentes. Actualmente, además, es investigadora responsable del Fondecyt “Juicio profesional y toma de decisiones sobre familias con necesidades complejas”.

Por último, participó Claudia Reyes, Profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Doctora en Ciencia Política y Master en Justicia Criminal de Washington State University, Estados Unidos. En el caso de su trabajo de investigación, este se ha enfocado en adolescencia e infracción de ley, juicio profesional, justicia restaurativa juvenil y violencia política.

Entre sus publicaciones destaca un estudio comparativo en justicia restaurativa con jóvenes infractores de ley y un proyecto sobre caracterización de jóvenes infractores de ley.

Los expositores abordaron la temática de la ley de Responsabilidad Penal adolescente, desde la mirada de las sanciones que contempla este cuerpo normativo, la oferta programática para la intervención de los jóvenes infractores y el sistema de especialización del sistema de RPA.

Finalmente, se informó que en un plazo de tres meses, aproximadamente, se espera contar con el informe que de cuenta de las modificaciones que sería necesario introducir a esta ley.