Establecimientos privados de educación superior comunmente traspasan la cobranza de deudas, facturas y créditos de los estudiantes a empresas de facrtoring, elevando los costos que deben asumir las familias.
Durante el proceso de quiebra de la Universidad del Mar se dio a conocer que esta mantenía una deuda cercana a los 5 mil 500 millones de pesos en factoring bancarios y no bancarios; mientras que en la Universidad de la República, 150 estudiantes se vieron afectados con el cobro adelantado de las letras y cheques por la empresa de factoring, ante el temor por el cierre o quiebra de la casa de estudios.
A raíz de estos eventos, un grupo de diputados de la Nueva Mayoría ha presentado un proyecto de ley que busca prohibir a las instituciones de educación superior factorizar o vender la deuda de sus estudiantes.
El texto (boletín 10237) corresponde a una iniciativa de las diputadas Marcela Hernando (PRSD) y Clemira Pacheco (PS) y de los diputados Claudio Arriagada (DC); Marcos Espinosa (PRSD), Iván Flores (DC); Carlos Abel Jarpa (PRSD); Ricardo Rincón (DC); Alberto Robles (PRSD); Gabriel Silber (DC) y Víctor Torres (DC).
El factoraje o factoring es una alternativa de financiamiento donde una empresa, en este caso las universidades, traspasan el servicio de cobranza de facturas y créditos que tiene en su poder, a cambio del total del dinero involucrado.
Esta práctica común y creciente en materia educacional, también implica restringir el acceso de los estudiantes a ciertos servicios unversitarios como biblioteca o acceso a información de notas y otros, en caso de mora en el pago de estas obligaciones.
El proyecto, derivado a la Comisión de Educación también propone que no se podrán aplicar medidas contra el estudiante que se encuentre en situación de morosidad, como la revisión de sus datos, notas, certificados, o el acceso a herramientas que sean esenciales en el desarrollo de sus estudios.
Los parlamentarios recalcan que desde el año 2011 los estudiantes han puesto sobre la palestra los diversos temas en materia educacional, en particular el carácter mercantil que se ha asumido y que es necesario el cambio de paradigma para concebir la educación como un derecho social que debe ser asegurada, garantizada y financiada por el Estado.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS