Los cambios consisten en que, cada vez que un municipio pretenda enajenar bienes inmuebles de propiedad municipal que son parte del patrimonio histórico de la comuna y cuyas superficies excedan la media hectárea, o que presenten un avalúo fiscal superior a 20 mil UF, el alcalde deba, obligatoriamente, llamar a un plebiscito comunal a fin de requerir el pronunciamiento de la ciudadanía.
Con el fin de contar con una participación más activa por parte de la ciudadanía en cuanto a la planificación positiva de la ciudad, un grupo transversal de diputados, encabezado por Pepe Auth (PPD), presentó un proyecto de ley (boletín 10252) que solicita modificar la Ley Orgánica de Municipalidades, para hacer obligatorio el plebiscito comunal en los casos que amerite.
La moción, derivada para su estudio a la Comisión de Gobierno Interior, fue ingresada el pasado 12 de agosto por el diputado Auth junto a sus compañeros de partido Cristián Campos, Ramón Farías y Rodrigo González, además de Claudio Arriagada (DC), Germán Becker (RN), Marcelo Chávez (DC), Javier Macaya (UDI), Vlado Mirosevic (PL) y Leonardo Soto (PS).
En el documento, los autores indicaron que, hoy, los municipios pueden “libremente” enajenar sus bienes conforme al procedimiento establecido para tal efecto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, donde el alcalde sólo requiere la aprobación del concejo municipal.
Por esta razón, consideraron que el quórum de 50% del padrón electoral exigido por la actual regulación para hacer vinculante el resultado del plebiscito, resulta a todas luces excesivo, dados los porcentajes de participación que normalmente tiene nuestra democracia. "Lo que se propone es mantener el 50% como umbral, pero cambiando la referencia desde el padrón electoral a la totalidad de los electores que sufragaron en la última elección de alcaldes”, especificaron.
Asimismo, estimaron que la atribución actual del alcalde (con aprobación de su concejo municipal) para enajenar bienes del municipio, por importantes que sean para la identidad del territorio o para los ingresos regulares de la municipalidad, sin necesidad de consultar la opinión de los ciudadanos de la comuna, “constituye un exceso, generando el riesgo que necesidades coyunturales de la mayoría que gobierna la comuna tome decisiones que constituyan un daño patrimonial permanente para la misma”.
“Somos de los que creen que la participación de los vecinos en la planificación de la ciudad es positiva, pues contribuye a la legitimación del sistema democrático que los habitantes de un lugar tengan mayor incidencia en la planificación de sus entornos de vida. Por ello, pensamos que se debe crear un marco legal que incentive la participación de manera más activa ya que nuestro actual sistema no logra que la participación directa de los habitantes sea algo relevante”, argumentaron.
Por lo tanto, manifestaron que hacer valer la opinión de los vecinos, “ayudará a generar una redistribución más justa de las externalidades que genera el desarrollo". "Por ello queremos permitir una participación más activa y ello requiere necesariamente que los vecinos puedan manifestarse de manera más frecuente de lo que lo han hecho hasta ahora”, puntualizaron.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS